MEDIDAS O PROVIDENCIAS CAUTELARES DICTADAS EN JUICIOS CIVILES. NO TIENEN EL ALCANCE DE SUSPENDER LOS EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES JURISDICCIONALES DE DISTINTOS FUERO Y COMPETENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA).

Las disposiciones contenidas en la codificación procesal civil están encaminadas a regular los juicios que se susciten entre las partes que comparecen en una situación equiparable entre sí, esto es, en un plano de igualdad, al margen de alguna calidad específica que pudieran tener. En cuanto a las medidas o providencias cautelares dictadas en dichos procedimientos, el legislador local previó en el título quinto "Providencias cautelares", del libro tercero "Juicios en particular y procedimientos especiales", diversas modalidades y en el artículo 722 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora estableció una cláusula abierta para decretar providencias urgentes distintas a las reguladas expresamente a favor de la persona a quien asista un motivo justificado para temer que, durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, pueda sufrir un peligro inmediato e irreparable, con el fin de asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo. En este sentido, si en los juicios civiles el conflicto a resolver surge de diferencias entre partes que se encuentran en un plano de igualdad, entonces, las medidas o providencias cautelares que se dicten en los mismos con fundamento en el citado numeral, no pueden tener el alcance de suspender los efectos de las resoluciones emitidas por autoridades jurisdiccionales de distintos fuero y competencia, como lo son los laudos que dictan las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pues esto implicaría desnaturalizar el carácter ordinario del juicio seguido ante la potestad común, cuya materia se limita a obtener el reconocimiento o extinción de un derecho exigible entre civiles, sin poder involucrar el estudio de la regularidad de actos de otras autoridades. De considerar lo contrario, y admitir la posibilidad de que un juzgador civil decrete dichas medidas o providencias cautelares, implicaría vulnerar el sistema de distribución de competencias previsto en la parte orgánica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentado en las leyes secundarias, ya que se reconocería a una autoridad judicial del orden civil la facultad de suspender actos provenientes de otra de índole laboral, a pesar de gozar ambas de plenitud de jurisdicción para, en el ámbito de sus respectivas competencias, dirimir conflictos y ejecutar las resoluciones que dicten; lo anterior, en perjuicio de la seguridad jurídica de las partes en el procedimiento laboral, ya que se autorizaría el empleo de vías distintas a las previstas en la ley para obstaculizar la eficacia de los derechos reconocidos o constituidos en el laudo cuya ejecución se pretende. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO.