SUSPENSIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, AUN CUANDO SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS QUE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA GOZAR DE LA PRESUNCIÓN DE BUENA FE EN LA ADQUISICIÓN Y DESTINO LÍCITO DE BIENES, PUESTO QUE DICHA LEY NO ES AUTOAPLICATIVA, SINO QUE SE REQUIERE UN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN.

Es improcedente conceder la suspensión provisional o definitiva para impedir los efectos y consecuencias de la ley citada, reclamada como autoaplicativa, relacionados con la regulación de los requisitos para gozar de la presunción de buena fe en la adquisición y destino lícito de bienes inmuebles, puesto que se requiere la existencia de un procedimiento regulado por la misma ley y la emisión de un acto concreto de aplicación. Es así, pues para que a alguien pudiera aplicársele el precepto legal en el que se establecen requisitos a acreditar para que opere el principio de buena fe en la adquisición y destino lícito de un bien inmueble, tendría forzosamente que iniciarse un procedimiento en el que la parte inconforme fuera la afectada y que, por ende, por tener ese carácter, o el de tercero extraño o ajeno a ese proceso, tuviera que acreditar los hechos que el legislador estableció para poder presumir esa buena fe, ya que el legislador estableció, de manera expresa, que esos requisitos se refieren al bien afecto a la acción respectiva. Por ende, si no se tiene noticia del inicio de un procedimiento de extinción de dominio que afecte a la parte quejosa, no puede considerarse que se actualice el peligro en la demora para conceder la medida cautelar solicitada, pues en tal supuesto se estaría ante un acto futuro e incierto y no ante uno actual e inminente, dado que para la concesión de la medida cautelar se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo, y en caso de obtener el amparo, que pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.