DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL NO CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA SU DESECHAMIENTO, CUANDO LA QUEJOSA (ENFERMERA) RECLAMA LA NEGATIVA DE SU PATRÓN PARA OTORGARLE PERMISO PARA AUSENTARSE DE SUS LABORES Y MANIFIESTA SER LA ÚNICA RESPONSABLE DE LOS CUIDADOS DE UNA PERSONA EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN EL CONTEXTO DE LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).

Hechos: En un juicio de amparo indirecto la quejosa reclamó la negativa de su patrón (hospital), para ausentarse de sus labores en su calidad de enfermera y le atribuyó la omisión de aplicar en su beneficio el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", emitido por la Secretaría de Salud y publicado el 24 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que es la única que tiene a su cargo a su menor hija con discapacidad (lo que acredita indiciariamente con la copia simple del certificado correspondiente que adjuntó a la demanda de amparo) y que, por ende, pertenece a un grupo vulnerable porque presenta padecimientos a que se refiere el citado decreto. No obstante, el Juez Federal desechó de plano la demanda de amparo, al estimar que los actos reclamados derivan de una relación laboral, sin considerar el reclamo de la transgresión al derecho humano a la salud tutelado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Contra dicha determinación la quejosa interpuso recurso de queja, aduciendo que el juzgador no tomó en cuenta su situación particular manifestada sobre los riesgos a la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no constituye una causal manifiesta e indudable de improcedencia para el desechamiento de la demanda de amparo indirecto, el hecho de que exista una relación de trabajo, cuando la quejosa reclama la negativa señalada, porque para esa determinación se requiere de un análisis profundo, propio de la sentencia definitiva, en el que deberá considerarse si los actos reclamados pueden o no equipararse a los de una autoridad, cuando con ellos puedan afectarse derechos fundamentales, como el de la salud, por los riesgos que implica la enfermedad por el virus referido. Justificación: Lo anterior es así, porque la contingencia sanitaria y los derechos que la quejosa pide que se le tutelen, imponen al juzgador analizar el caso con perspectiva de derechos humanos, lo cual le exige allegarse de más elementos para verificar la procedencia del juicio, dadas las circunstancias extraordinarias suscitadas, toda vez que debió tomar en cuenta que el Estado está constreñido a velar para que no se interfiera de modo alguno en el disfrute del derecho a la salud y con motivo del modo de transmisión de la enfermedad referida, el Gobierno Federal ha implementado diversas medidas para garantizar la seguridad y la salud de las trabajadoras y los trabajadores de los sectores público y privado, instruyendo a los empleadores, en un primer momento, a evitar la asistencia a los lugares de trabajo de aquellas personas con mayor riesgo de enfermar gravemente a causa del aludido virus y, posteriormente, adoptando medidas especiales para que este tipo de personal no se vea afectado en el contexto denominado "nueva normalidad", respetando en todo momento sus derechos laborales. Lo señalado obliga a admitir la demanda de amparo sin perjuicio de que, al dictar la sentencia, se analice en definitiva y con mayores elementos la procedencia del juicio, esto es, si sólo se trata de una relación de trabajo, o debe protegerse el derecho a la salud, incluso ante actos de particulares equivalentes a los de autoridad, pues debe comprobarse si a través de alguna norma jurídica se otorgaron los medios para posicionar a ese particular en una situación diferenciada para generar un acto con el potencial de actualizar una violación a un derecho humano. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.