VERSIONES PÚBLICAS DE TODAS LAS SENTENCIAS. CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN DE LOS PODERES JUDICIALES FEDERAL Y LOCALES PONERLAS A DISPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD, POR TENER EL CARÁCTER DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO.

Hechos: Asociaciones civiles promotoras de litigios estratégicos en materia de derechos humanos y combate a la corrupción, promovieron juicio de amparo indirecto, en el cual señalaron como actos reclamados: 1) la omisión de los órganos del Poder Judicial del Estado de Zacatecas de elaborar y poner a disposición de la sociedad versiones públicas de sus sentencias durante los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, y 2) la inconstitucionalidad de los artículos 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (vigente antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto de dos mil veinte), y 43, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas (vigente antes de la reforma publicada en el Periódico Oficial Local el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno), por prever la obligación de hacer versiones públicas, únicamente, de aquellas sentencias que fueran de interés público, en detrimento del derecho de acceso a la información. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la interpretación sistemática de los artículos 73, fracción II, y 3, fracción XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, revela que dicha normativa no vulnera el derecho de acceso a la información, en tanto que de ella se sigue que todas las sentencias pronunciadas por los tribunales de los Poderes Judiciales Federal y locales son de interés público, por lo que ameritan ser puestas a disposición de la sociedad mediante versiones públicas. Justificación: Los parámetros legislativos que se tienen para determinar si una información es de interés público están previstos en el artículo 3, fracción XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y son los siguientes: a) La información debe ser relevante o beneficiosa para la sociedad y no, simplemente, de interés individual; y, b) Su divulgación debe ser útil para que el público comprenda las actividades llevadas a cabo por los sujetos obligados. Ambos parámetros son cumplidos por la totalidad de sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales. Por cuanto hace al primer parámetro, debe señalarse que las sentencias son el resultado del despliegue de la función jurisdiccional por parte de los órganos del Estado habilitados para tales efectos (tribunales). Así, cuando un Juez dicta una sentencia, con independencia de la materia (penal, civil, familiar, administrativa, agraria, entre otras) y del valor de las pretensiones que se hagan valer, desarrollan y dotan de significado al ordenamiento jurídico, precisamente, por delimitar el sentido y alcance de las normas aplicables, con la consecuente producción de un precedente. De ahí que la divulgación y el fácil acceso a las sentencias emitidas por los tribunales del país se torna de la mayor relevancia, no sólo para las partes involucradas en los litigios correspondientes, sino para toda la sociedad mexicana, pues su comprensión permite, en todo momento y con mayor precisión, conocer cómo la legislación es entendida por los juzgadores y concretizada en los casos puestos a su jurisdicción, esto es, permite apreciar el "derecho viviente". Lo mismo sucede con el segundo parámetro, esto es, la divulgación de las sentencias resulta útil para que el público comprenda las actividades llevadas a cabo por los sujetos obligados. Si aceptamos la premisa de que los juzgadores deben observar en todo momento el principio de imparcialidad y, por ello, deben hablar a través de sus sentencias, válidamente, se puede afirmar que la sociedad tiene el más alto interés en conocer esa voz, sin complicaciones superiores a las que supone tener a la mano un dispositivo con acceso a Internet. Esta consideración encuentra eco no sólo en el mandato constitucional de que en la interpretación del derecho de acceso a la información debe imperar el principio de máxima publicidad, sino también encuentra su fundamento en las obligaciones de transparencia que deben observar todos los tribunales, a fin de combatir la opacidad y, con ello, suprimir hasta la menor duda en torno a que sus determinaciones no están envueltas en vicios de corrupción, sino en el respeto irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la ley. PRIMERA SALA