DEFENSA ADECUADA. EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, ES OBLIGATORIO QUE EL PRESUNTO INFRACTOR SE ENCUENTRE ASISTIDO POR UN DEFENSOR, ABOGADO O PERSONA DE SU CONFIANZA.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos respecto a si conforme a lo establecido en el artículo 206 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, es o no aplicable supletoriamente lo dispuesto en el artículo 55, fracción I, del Código de Procedimientos Penales de dicha entidad federativa (abrogado) y, por ende, si se tiene derecho a la asistencia técnica y jurídica de un defensor, abogado o persona de su confianza que represente a un servidor público, quien es sujeto de un procedimiento administrativo disciplinario. Criterio jurídico: De lo dispuesto en el artículo 206, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, se llega al convencimiento de que resulta aplicable supletoriamente al mismo, el artículo 55, fracción I, del Código de Procedimientos Penales de dicha entidad federativa (abrogado), por lo que los servidores públicos que sean sujetos a un procedimiento administrativo sancionador disciplinario, tienen derecho a designar un defensor, abogado o persona de su confianza; de ahí que la autoridad instructora tenga la obligación tanto de requerir al servidor público presunto infractor, para que designe defensor, abogado o persona de su confianza, como de designarle a uno de oficio, en caso de que aquél no quiera o no pueda nombrarlo; de todo lo cual, deberá quedar debida constancia en autos. Justificación: En la especie se cumplen todos los requisitos necesarios para que opere la aplicación supletoria del artículo 55, fracción I, del Código de Procedimientos Penales (abrogado) al artículo 206 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, pues de tales dispositivos jurídicos se desprende que el legislador hizo extensivo el derecho fundamental de defensa adecuada, establecido en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución General, en beneficio de los servidores públicos del Poder Judicial, a quienes sean señalados como infractores y se les instruya un procedimiento administrativo disciplinario por faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones, con lo cual se pretendió dotarlos de una asistencia técnica efectiva durante todo el trámite del procedimiento administrativo sancionador; por lo que, a fin de salvaguardar ese derecho fundamental, si el servidor público no manifestó expresamente, desde el inicio del procedimiento, que su defensa la llevaría por sí mismo, entonces, la autoridad instructora debe requerirlo para que designe defensor (abogado o persona de su confianza), o en su caso, designarle a uno de oficio, cuando aquél no quiera o no pueda nombrarlo, con independencia de que el presunto infractor sea licenciado en derecho y/o tenga el cargo de juzgador, pues los preceptos legales citados no establecen excepción alguna en ese sentido. PLENO DEL OCTAVO CIRCUITO.