ACUERDOS POR LOS QUE SE SUSPENDE EL LIBRE ALUMBRAMIENTO DE LAS AGUAS DEL SUBSUELO. SON INSUFICIENTES, POR SÍ MISMOS, PARA CONCLUIR LA IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DE UNA OBRA, SI LA SOLICITUD ES PRESENTADA POR UN USUARIO PREEXISTENTE [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA XVII.2o.P.A. J/5 (10a.)].

Hechos: La quejosa solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el registro de obra en una zona de libre alumbramiento para uso agrícola, la cual se estimó improcedente porque no se acreditó la existencia previa del aprovechamiento. Inconforme, aquélla promovió juicio contencioso administrativo en el que la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró su validez, bajo el argumento de que pese a que la autoridad demandada no formuló su contestación, lo cual implicaba tener por ciertos los hechos, salvo prueba en contrario, era correcta la negativa de dicho registro, al considerar como hecho notorio el Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las regiones hidrológico-administrativas que el propio documento indica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2018, en el que se estableció la existencia de un déficit del recurso hídrico en el acuífero al que pertenece la zona indicada y, por ende, se suspendió el libre alumbramiento de las aguas del subsuelo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el acuerdo de disponibilidad invocado como hecho notorio por la Sala responsable para contrarrestar la presunción iuris tantum derivada de la falta de contestación de la autoridad demandada, es insuficiente, por sí mismo, para concluir la improcedencia del registro de la obra en la zona que en su momento fue de libre alumbramiento, si la solicitud es presentada por un usuario preexistente. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 27, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero el Ejecutivo Federal se encuentra facultado para regular su extracción (reglamentos y vedas) o suspender temporalmente su libre alumbramiento, siempre que existan causas de utilidad o interés público, o bien, cuando se afecten otros aprovechamientos. Conforme a dicha facultad, el 5 de abril de 2013 el Ejecutivo Federal firmó ocho acuerdos de carácter general, en los que suspendió provisionalmente en todo el territorio nacional el libre alumbramiento de las aguas subterráneas. Lo anterior, a fin de contar con un padrón de usuarios de las aguas subterráneas a nivel nacional, que permitiera conocer la magnitud y distribución espacial de las extracciones de agua en las zonas que fueron de libre alumbramiento y, consecuentemente, hacer posible la determinación más precisa de los volúmenes renovables y de la disponibilidad del agua. En dichos acuerdos se especificó que una vez aplicada a los acuíferos la "Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, Conservación del recurso agua-Que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2002, arrojó como resultado que éstos contaban con disponibilidad media anual de agua subterránea; asimismo, reconocieron el derecho de los usuarios que con anterioridad a su entrada en vigor efectuaban la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo, para continuar realizándolo, contando con un plazo de 60 días hábiles para registrar su captación y acreditar el volumen efectivo de extracción, a fin de que eventualmente se les otorgara la concesión correspondiente y se les inscribiera en el Registro Público de los Derechos de Agua. Esto es, que no habrían de otorgarse nuevas concesiones en tanto se actualizara la disponibilidad del agua, considerando los volúmenes que en su momento registraran los usuarios ya establecidos. De ahí que si bien es verdad que corresponde a toda autoridad, incluida la materialmente jurisdiccional, atender al principio in dubio pro natura y al de disponibilidad del agua, no menos cierto es que tales aspectos fueron considerados por la autoridad del agua al decretar la suspensión del libre alumbramiento. Por ende, contrario a lo estimado por la Sala responsable, el acuerdo de disponibilidad invocado como hecho notorio, no podría en sí mismo llevar a concluir la improcedencia del registro de la obra en la zona que en su momento fue de libre alumbramiento, sino que los datos en él contenidos habrían de ser tomados en consideración por la autoridad del agua para, en su momento, decidir si debe o no otorgarse la concesión o si ésta debe ser limitada. En consecuencia, este Tribunal Colegiado de Circuito interrumpe el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia XVII.2o.P.A. J/5 (10a.). SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.