SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE DURANGO QUE REGULAN LOS IMPUESTOS ECOLÓGICOS, ÚNICAMENTE RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN DE ENTERAR LAS CONTRIBUCIONES QUE PREVÉN, SIEMPRE QUE SE CONSTITUYA LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL.

Hechos: Una persona jurídica colectiva promovió juicio de amparo indirecto contra el Decreto No. 313, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Durango el 27 de diciembre de 2022, mediante el cual se adicionó el capítulo X, denominado "Impuestos ecológicos", sección II, "De la emisión de gases a la atmósfera", de la Ley de Hacienda de dicha entidad (artículos 44 Quinquies a 44 Quinquies 5) y solicitó la suspensión definitiva. El Juez de Distrito negó la medida cautelar al considerar que de concederse se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina, conforme a los artículos 128, 135 y 136 de la Ley de Amparo, que procede otorgar la suspensión definitiva en el juicio de amparo indirecto contra el sistema normativo referido, únicamente respecto de la obligación de enterar las contribuciones que prevé, pero sujeto a la garantía del interés fiscal, pues no tiene un fin inmediato y directo en el derecho al medio ambiente que contravenga el orden público ni afecta el interés social. Justificación: Lo anterior, porque el diseño del impuesto ecológico en la Ley de Hacienda señalada inserta al cuidado del medio ambiente como el núcleo de la mecánica del cálculo, de manera que la reforma no tiene un fin meramente recaudatorio. Sin embargo, el sistema normativo incluye dos clases de obligaciones, a saber: La primaria o sustantiva, que se traduce en el pago del impuesto (artículo 44 Quinquies 4) y la formal o secundaria (precepto 44 Quinquies 5) vinculada con los medios de control, vigilancia y seguimiento del cumplimiento de la normativa medioambiental. En tal sentido, para efectos de la suspensión definitiva, sin desatender esa finalidad ecológica, lo cierto es que las normas reclamadas son de orden público y de interés social en cuanto a su cumplimiento y efectividad, en relación con las obligaciones formales aludidas, de lo que deriva el impedimento para conceder la medida cautelar en términos del artículo 129 de la Ley de Amparo. En ese contexto, es aplicable la regla prevista en el artículo 135, primer párrafo, de la ley de la materia, pues la finalidad de la adición a la Ley de Hacienda del Estado de Durango no constituye en sí misma una causa para negar la medida cautelar, sino que su rango de efectividad permite al órgano de control constitucional establecer que procede sólo respecto a la obligación de enterar las contribuciones, pero su eficacia queda sujeta a que se constituya la garantía del interés fiscal. De esta forma, queda fuera de paralización el cumplimiento de la normativa medioambiental y las obligaciones administrativas establecidas por el legislador. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO.