REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL. LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE PARA INDIVIDUALIZAR LOS CONCEPTOS DE DAÑO FORMAL Y MATERIAL.

Hechos: Una víctima indirecta del delito de homicidio doloso por responsabilidad médica y técnica promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia condenatoria. En la demanda de amparo argumentó, entre otras cuestiones, que para individualizar la pena por concepto de reparación del daño, particularmente los montos económicos correspondientes al daño moral y material, los órganos jurisdiccionales están obligados a aplicar las reglas previstas para esos efectos en la Ley General de Víctimas. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las autoridades jurisdiccionales penales, a fin de individualizar el monto económico correspondiente al daño moral y material complementarios de la pena por reparación del daño, están obligadas a aplicar supletoriamente las disposiciones de la Ley General de Víctimas, así como los criterios judiciales que sobre esta norma se han emitido para brindarle significado constitucional, siempre y cuando con ello no se contravengan las reglas y principios aplicables en materia penal. Justificación: Tanto la legislación penal como la aplicable en materia de los derechos cuya titularidad corresponde a las víctimas directas e indirectas de un delito (Ley General de Víctimas) reconocen una serie de garantías que aseguran la efectividad del derecho humano a una reparación integral del daño. Por tanto, se trata de legislaciones que más allá de excluirse deben complementarse y ser interpretadas sistemáticamente para su aplicación jurídica apropiada. Máxime porque la reparación del daño constituye la teleología de las normas penales desde la perspectiva del bloque de derechos humanos que se reconocen a las víctimas de un delito. Lo cual garantiza el orden, la seguridad y la igualdad formal que se predica sobre el ordenamiento jurídico mexicano. PRIMERA SALA.