EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CON INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXIGE DEMOSTRAR QUE LOS DAÑOS O PERJUICIOS QUE SE CAUSEN SEAN DE DIFÍCIL REPARACIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE QUERÉTARO Y DE BAJA CALIFORNIA SUR).

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia del amparo promovido con interés legítimo, a la luz de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Mientras que uno consideró que el artículo 32, fracción I, inciso b), de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, por lo que no se actualiza la excepción al principio de definitividad; el otro concluyó que esos mismos requisitos, previstos en el artículo 35, fracción I, inciso b), de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, sí son mayores que los previstos en la Ley de Amparo y, por tanto, sí se actualiza la excepción al citado principio. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el requisito para conceder la suspensión en el procedimiento contencioso administrativo cuando se aduce interés legítimo, consistente en demostrar que los daños o perjuicios que se causen a la persona solicitante sean de difícil reparación, no es mayor a los previstos en la Ley de Amparo, por lo que no se actualiza una excepción al principio de definitividad. Justificación: De la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la suspensión en amparo cuando el quejoso aduzca un interés legítimo, y del análisis del requisito establecido en los citados preceptos locales, consistente en que la suspensión se otorgará siempre que los daños o perjuicios que se causen a la persona solicitante sean de difícil reparación, se advierte que esa exigencia no es mayor a la prevista en el artículo 131 de la Ley de Amparo, relativa a que la quejosa acredite, al menos de manera indiciaria, el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue la medida cautelar. Al no actualizarse una excepción al principio de definitividad, previamente a acudir al amparo debe agotarse el juicio contencioso administrativo regulado por las aludidas legislaciones estatales. PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO