DELITO DE DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES. EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA QUE LO PREVÉ, RESPETA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.

Hechos: Una persona promovió amparo directo contra la resolución que confirmó la sentencia condenatoria dictada en su contra por el delito de desaparición cometida por particulares agravada, al considerar que el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que contiene el tipo penal respectivo, es inconstitucional por ser oscuro, impreciso e inexacto; y que resulta inconvencional por incumplir los estándares previstos en el artículo 3, en relación con el artículo 2, de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y en el artículo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 34 citado, que establece que incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero, respeta el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación: La estructura del tipo penal aludido contiene una definición del delito de desaparición cometida por particulares (agentes no estatales) compuesto por una conducta objetiva como es la privación de la libertad cometida por cualquier persona, y un elemento subjetivo, como es el ocultar a la víctima o su suerte o paradero. De ello se advierten elementos inequívocos que permiten que el destinatario pueda comprender de manera cierta en qué consiste la conducta que se sanciona. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Gelman Vs. Uruguay, estimó que aun cuando el artículo 4 de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Declaración de 1992) –antecedente de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas–, no obligaba a los Estados Parte a seguir estrictamente la definición contenida en la Declaración en sus códigos penales, sí debían asegurarse que el acto de desaparición fuera definido de forma tal que claramente se distinga de otras ofensas como el secuestro. Ahora bien, el hecho de que el Estado Mexicano haya armonizado su legislación para incluir el delito de desaparición cometida por particulares (agentes no estatales), sin integrar los elementos relativos a la negativa de informar sobre la suerte o paradero de la víctima, no implica que el tipo penal sea oscuro, ni que sea contrario al artículo 3, en relación con el artículo 2, ambos de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ni al artículo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, porque la definición del ilícito se redactó de forma clara y sin lugar a dudas, pues sus elementos permiten que el destinatario pueda comprender de manera cierta en qué consiste la conducta prohibida y su sanción. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.