SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, TERCER PÁRRAFO, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY MINERA, DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE CONCESIONES PARA MINERÍA Y AGUA, PUBLICADO EL 8 DE MAYO DE 2023.

Hechos: En amparo indirecto se concedió la suspensión definitiva contra el artículo quinto transitorio, tercer párrafo, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023. En revisión, la autoridad recurrente argumentó que con su otorgamiento se contravienen disposiciones de orden público y se sigue perjuicio al interés social. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede la suspensión definitiva en amparo indirecto contra los efectos y consecuencias del artículo quinto transitorio, tercer párrafo, del referido decreto. Justificación: El citado precepto prevé que se desecharán sin mayor trámite las solicitudes en trámite de nueva concesión de exploración y explotación en virtud de lo dispuesto por el decreto reclamado. Cuando se solicite la suspensión de sus efectos, las solicitudes de concesión presentadas con anterioridad a su entrada en vigor son suficientes para acreditar el interés suspensional. Con la concesión de la medida cautelar no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social, ya que no se causan daños y perjuicios a la colectividad, no se le priva de un provecho concreto, no se obstaculiza directamente la satisfacción de una necesidad pública, no tutela auténticamente los derechos de la colectividad, ni tiende a evitar un mal o busca satisfacer una necesidad de la sociedad, por lo que procede concederla para el efecto de que no se aplique a la persona quejosa, de modo que la solicitud de concesión para explotación minera no se deseche ni se considere desechada por su sola entrada en vigor. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.