JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DIFERENCIA ENTRE EL ANÁLISIS OBLIGADO DEL CASO BAJO ESE MÉTODO Y EL RESULTADO DE ESE ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE UNA VALORACIÓN DIFERENCIADA.

Hechos: En amparo directo se reclamó una sentencia de condena por el delito de abuso sexual, en la que se dio valor preponderante al testimonio de la víctima por ser mujer y menor de edad, pero sin reparar en que no se trató de testigo único, que la Fiscalía no realizó una investigación racional y exigible, y que no se cumplía con las condiciones para justificar una valoración diferenciada. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que juzgar con perspectiva de género exige diferenciar, por un lado, el estudio obligatorio que se legitima por la presencia de personas integrantes de grupos vulnerables y, por otro, el resultado de ese estudio que es el que puede justificar o no el usar como herramienta una valoración diferenciada para evitar o suprimir prejuicios, estereotipos o discriminación por razones de género que impiden el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Por tanto, de no tenerse ese resultado, no se justifica la aplicación de esa forma diferenciada de valorar en el caso concreto. Justificación: La obligación de efectuar un estudio exhaustivo como parte del juzgamiento con perspectiva de género, no es lo mismo que la aplicación justificada de la herramienta metodológica que permita realizar una valoración diferenciada, ya que se trata de pasos o niveles diferentes. El análisis cuidadoso y profundo para detectar posibles afectaciones por cuestiones de género es obligatorio desde el momento en que se advierte la presencia de una persona integrante de grupos vulnerables. En cambio, la aplicación concreta de una herramienta que permita una valoración diferenciada sólo se justifica cuando derivado de ese estudio exhaustivo y cuidadoso (primer paso o nivel de escrutinio), se advierte la efectiva presencia de situaciones que lo ameriten, ya sea una norma que merezca interpretación conforme y acorde a los fines de garantizar esa protección, o bien, la existencia de actos de autoridad que impliquen prejuicios o estereotipos que en el caso particular deban suprimirse o evitarse para equilibrar y proteger los derechos de quien pertenezca a ese sector vulnerable (segundo nivel o paso en el estudio con perspectiva de género). Una cosa es el estudio analítico general que debe hacerse por el solo hecho de tratarse de un asunto en el que se involucra alguna persona integrante de grupos vulnerables y otra muy distinta la circunstancia probada de que como resultado de ese estudio se advierten supuestos concretos que impliquen el uso de estereotipos o prejuicios en la valoración de pruebas efectuada o sujeta a realización, o bien, la necesidad justificada de interpretar una norma de manera que no redunde en perjuicio irracional de los integrantes de dichos grupos perpetuando una condición de desigualdad por razones de género. Pueden presentarse casos en los que el estudio debidamente realizado, que constituye el primer paso de ese juzgamiento con perspectiva de género, se cumpla cabalmente, pero su resultado no justifique, además, la aplicación específica de una valoración diferenciada, entendida como herramienta concreta de valoración. Es indiscutible la obligación de hacer un estudio con perspectiva de género cuando aparece involucrada una persona integrante de grupos vulnerables (víctima o acusada), lo que constituye sólo la primera fase de la metodología; empero, la aplicación de la herramienta interpretativa o de valoración diferenciada por razón de equidad de género está condicionada a que se actualice, además, cualquiera de esos dos supuestos, a saber: la presencia de una norma concreta cuya interpretación no diferenciada pueda dar lugar a un trato desigual y perjudicial por razón de género, o bien, la presencia de casos donde el actuar de la autoridad revela el uso de estereotipos o prejuicios de género, lo que hace necesario corregir tal situación (constatada), desechando o suprimiendo las expresiones o interpretaciones viciadas de tales defectos argumentativos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.