RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. EL ARTÍCULO 113-I, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Hechos: Una persona impugnó mediante juicio de nulidad la resolución por la cual la autoridad hacendaria le informó que se actualizó la información en el Registro Federal de Contribuyentes, porque incumplió con la obligación de presentar su declaración anual para continuar tributando en el régimen simplificado de confianza, por lo que a partir del 1 de enero de 2022 debía cumplir con sus obligaciones fiscales conforme al régimen de actividades empresariales y profesionales a que se refiere el Capítulo II, Sección I, del Título IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de dicha resolución. La contribuyente promovió amparo directo que le fue negado, por lo que interpuso recurso de revisión en el que planteó que el artículo 113-I citado es inconstitucional, porque prevé una sanción excesiva y desproporcional, en relación con la conducta que se sanciona. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 113-I, párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no establece una sanción excesiva o desproporcionada, por lo que no viola el artículo 22 constitucional. Justificación: El régimen simplificado de confianza (optativo al general de ley) busca simplificar la tributación de quienes reúnan los requisitos correspondientes sin necesidad de tener contadores, así como disminuir la carga administrativa, basado en la confianza en el contribuyente, pero prevé requisitos y obligaciones que se deben cumplir, a fin de incorporarse y permanecer en dicho régimen. Si bien el artículo 113-I establece que los contribuyentes que no presenten su declaración anual dejarán de tributar en el régimen simplificado de confianza, ello no se traduce en una sanción, sino en la pérdida del beneficio fiscal al que se incorporaron de manera voluntaria por no cumplir con uno de los requisitos de permanencia. Esa consecuencia no se traduce en una medida excesiva o desproporcional, porque si el citado régimen obedece a cuestiones extrafiscales encaminadas a otorgar a determinados contribuyentes un beneficio nominal o un incentivo, el incumplimiento de dicha obligación sólo puede producir una consecuencia, que es la pérdida de la oportunidad de permanecer en dicho régimen. No es posible analizar el precepto legal mencionado a la luz del principio de relación causa y efecto, o bien, medir la proporcionalidad entre la conducta y el bien jurídico afectado, ya que este ejercicio es aplicable para las disposiciones que prevén una sanción, mas no para las que prevén regímenes optativos y con determinados beneficios, ya que la sanción jurídica constituye una pena que establece una ley o reglamento para quienes la infringen con el propósito de imponer una carga a fin de inhibir en el futuro ese tipo de conductas, y como referente para que otras personas no cometan tal violación, lo que no guarda relación con la pérdida de un régimen de beneficios fiscales. SEGUNDA SALA.