ORDEN DE APREHENSIÓN. EL CUARTO PÁRRAFO, DE LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 141 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE LA PREVÉ COMO FORMA DE RECONDUCIR AL PROCESO A LA PERSONA IMPUTADA QUE SE HA DECLARADO SUSTRAÍDA DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA POR NO COMPARECER A UNA CITACIÓN JUDICIAL, NO SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN.

Hechos: Una persona vinculada a proceso por su probable participación en el delito de abuso de autoridad cometido en agravio de un Municipio, incumplió con la firma semanal y la exhibición de una garantía económica que se le impusieron como medidas cautelares para que llevara su proceso en libertad. Motivo por el que la Jueza de Control señaló fecha y hora para la audiencia de revisión de medidas cautelares; y ante la incomparecencia de la persona imputada a esa diligencia, sin causa justificada, a pesar de estar debidamente citada, con fundamento en el párrafo cuarto, de la fracción III, del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la declaró sustraída de la acción de la justicia, y luego, a solicitud del Ministerio Público, libró orden de aprehensión en su contra para que fuera presentada para la celebración de la audiencia de reanudación del proceso. Inconforme con esa determinación, la persona imputada promovió juicio de amparo indirecto, en el que planteó la inconstitucionalidad del citado precepto legal, por estimar que vulneraba el principio de proporcionalidad en materia penal. Argumento que fue declarado inoperante por el Juez de Distrito; por lo que la parte quejosa interpuso recurso de revisión en el que el Tribunal Colegiado que conoció del asunto, revocó esa determinación y reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resolviera el tema de constitucionalidad. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el principio de mínima intervención en materia penal, no rige respecto de la orden de aprehensión que se establece en el párrafo cuarto, de la fracción III, del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como forma de reconducción al proceso de la persona imputada que ha sido declarada sustraída de la acción de la justicia por no comparecer a una citación judicial. Justificación: El objeto de la orden de aprehensión que se libra contra la persona imputada que el Juez de Control ha declarado previamente como sustraída de la acción de la justicia por no acudir a una citación judicial, sin causa justificada, estando debidamente notificada, es reconducirla nuevamente ante la autoridad jurisdiccional, a fin de asegurar, como cuestión de orden público, la continuación del proceso penal en todos sus cauces procedimentales hasta llegar a la resolución del caso concreto; además, la sociedad está interesada en que los hechos delictivos se esclarezcan, a efecto de que la ley penal se aplique al caso concreto. El principio de mínima intervención o de ultima ratio en materia penal, gira en torno a la protección de los bienes jurídicos que se consideran de mayor relevancia social, a fin de que sólo éstos sean objeto de sanción punitiva. En ese orden de ideas, es claro que la orden de aprehensión a que se refiere el párrafo cuarto, de la fracción III, del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es una medida que resulta ajena a la correspondencia que debe existir entre la tutela de un bien jurídico a través de una descripción típica y la sanción que se le asigna; por lo que no guarda relación con ese aspecto del citado principio. En otra de sus manifestaciones, la mínima intervención o ultima ratio, señala que el empleo del derecho penal resulta desproporcional e injustificado en aquellos supuestos en que otras medidas sean suficientes para proteger de la misma manera o con mayor eficacia un determinado bien jurídico. Sin embargo, respecto de la orden de aprehensión como forma de reconducir al proceso a una persona imputada que ha sido declarada sustraída de la acción de la justicia por no comparecer a una citación judicial, no existe otra forma menos gravosa; y tampoco es factible la interpretación conforme respecto de los supuestos que se establecen en las fracciones I y II, del citado numeral, porque se refieren al citatorio y la orden de comparecencia que están establecidos para conducir a una persona investigada al correspondiente proceso cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el inculpado lo cometió o haya participado en su comisión; en tanto que la orden de aprehensión para reconducir a una persona imputada al proceso, prescinde necesariamente de una declaratoria de sustracción de la acción de la justicia, lo que implica que la persona imputada ya compareció al menos a la audiencia inicial. Y si bien esa resolución afecta un derecho sustantivo como es la libertad personal, se debe tener presente que su naturaleza y finalidad jurídica es meramente adjetiva, en tanto constituye una forma de reconducción del imputado a una relación jurídica procesal penal en la que ya se encontraba inmerso, a efecto de que ésta no se encuentre paralizada y se logre su objetivo final de asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia penal. PRIMERA SALA.