Artículo 80 de la LEY DE TRANSPARENCIA PARA EL ACCESO Y SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Este artículo dice que hay empresas o personas que, aunque no sean parte del gobierno, deben cumplir con las reglas de transparencia, es decir, informar cómo usan el dinero público o qué hacen con permisos del gobierno. Esto aplica si reciben dinero del gobierno, si tienen descuentos de impuestos, si hacen actividades de interés público como prestar un servicio, o si tienen concesiones o permisos para usar bienes del gobierno. Las dependencias del gobierno deben entregar cada tres meses una lista de quiénes están en estos casos, y con esa información se arma un registro público. Para decidir quién debe cumplir, la autoridad revisa cosas como si la empresa funciona como autoridad, cuánto dinero público recibe o si el gobierno está muy metido en su creación o funcionamiento.

Texto oficial

Artículo 80. La autoridad garante correspondiente determinará dentro de sus competencias, los casos en que se deban cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información señaladas en la legislación de la materia, directamente o a través de los sujetos obligados a las personas físicas o morales que: I. Reciban o ejerzan recursos públicos; II. Reciban un ingreso local que sea preponderante dentro de su presupuesto, o bien, subsidios, condonaciones o reducciones fiscales; III. Actúen como un ente de autoridad o realicen una actividad de interés público; IV. Sean sujetos a permisos, concesiones o licencias; y V. Cuenten con algún permiso de uso o explotación de bienes públicos, ya sea directamente o de forma subordinada. Los sujetos obligados deberán enviar a la autoridad garante correspondiente un listado trimestral de las personas físicas o morales a las que se les han asignado recursos públicos, o que se encuentren en cualquiera de los supuestos mencionados. Cada autoridad garante integrará un padrón a partir de los listados recibidos. Para resolver sobre el cumplimiento de las obligaciones mencionadas anteriormente, la autoridad garante correspondiente tomará en cuenta criterios como la función gubernamental que realizan, el nivel de financiamiento o beneficio público que reciben, el nivel de regulación e involucramiento gubernamental y la participación del gobierno en su creación.