Artículo 25 de la LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Si un acto administrativo tiene algún error o le falta un requisito de los que pide la ley, ese acto se considera nulo, como si nunca hubiera existido. Eso significa que no es válido ni obligatorio para ti, y los servidores públicos deben negarse a aplicarlo explicando por qué. Si el error ya no se puede corregir porque el acto ya se cumplió, entonces lo único que pasa es que el servidor público que lo hizo puede hacerse responsable. En algunos casos, si tú como ciudadano cometiste el error al dar información, la autoridad puede anular el acto por su cuenta, pero tú puedes corregirlo antes de que inicien ese proceso.

Texto oficial

Artículo 25.- La omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos de validez exigidos por el artículo 6o. de esta Ley, producirá la nulidad del acto administrativo. El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo será inválido, no se presumirá legítimo ni ejecutable, ni podrá subsanarse, sin perjuicio de que pueda emitirse un nuevo acto. Los particulares no tendrán obligación de cumplirlo; y los servidores públicos deberán hacer constar su oposición a ejecutar el acto, fundando y motivando tal negativa. En el caso de actos consumados, o bien, de aquellos que, de hecho o de derecho sean de imposible reparación, la declaración de nulidad sólo dará lugar a la responsabilidad del servidor público que lo hubiera emitido u ordenado, en los términos de las disposiciones jurídicas correspondientes, cuando éste sea el caso. Si las declaraciones, registros y revalidaciones previstos en el artículo 35 de esta Ley contienen omisiones o irregularidades en los elementos de validez, se entenderá que éstas son de estricta responsabilidad del particular, en cuyo caso, la autoridad podrá proceder de oficio a iniciar el procedimiento de nulidad de acto, bajo los supuestos correspondientes, pero quedará a salvo el derecho del particular para intentar un nuevo acto. En los supuestos del párrafo anterior, el interesado tendrá el derecho de hacer las rectificaciones que considere pertinentes para resguardar la validez del acto administrativo, siempre que no se haya iniciado el procedimiento de nulidad.