Artículo 6 de la LEY DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Todas las dependencias del gobierno de la Ciudad de México, los partidos políticos, los sindicatos y cualquier persona o empresa que maneje dinero público o tome decisiones oficiales, tienen la obligación de llevar un buen control de sus documentos y archivos. Esto es para que la gente pueda ejercer su derecho a saber la verdad sobre cómo se manejan los asuntos públicos. También tienen que permitir que cualquier persona pueda consultar la información que está guardada en esos archivos. Y además, deben promover que la ciudadanía conozca el patrimonio documental, es decir, los registros históricos importantes de la Ciudad. En resumen, nadie puede esconder ni desordenar los papeles que comprueban lo que hacen con los recursos o las decisiones que toman.

Texto oficial

Artículo 6. Cualquier autoridad, entidad, Órgano y Organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Alcaldías, Órganos Autónomos, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Ciudad de México, deberán garantizar la adecuada gestión documental y administración de archivos con el objeto de respetar el derecho a la verdad de conformidad con lo establecido en el artículo 5, apartado C, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el acceso a la información contenida en los archivos, y fomentar el conocimiento de su Patrimonio Documental Archivístico.