DILIGENCIAS PROBATORIAS. LOS ARTÍCULOS 180 Y 206 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE FACULTAN A LOS TRIBUNALES PARA DECRETAR SU PRÁCTICA, REPETICIÓN O AMPLIACIÓN, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD JUDICIAL.

El artículo 180 del indicado Código da fundamento a todas las actuaciones del Ministerio Público y de los jueces mediante las cuales pretendan allegarse de elementos suficientes para ilustrar su criterio durante la etapa de averiguación previa o la de instrucción. Lo anterior, con independencia de que dichos elementos no sean planteados u ofrecidos como pruebas por las partes. De igual forma, el citado artículo 206 establece dicha facultad encomendada al juez, pero en referencia exclusiva a la etapa de la sentencia. Ahora bien, cabe distinguir entre las herramientas para integrar la premisa fáctica del razonamiento -una discusión que gira en torno a los medios de prueba y las cargas que las partes deben soportar en esa materia- y los elementos que el juez necesita para atribuir significados a las normas y determinar si un hecho está previsto en éstas. Así, la facultad encomendada al juzgador mediante el mencionado artículo 180 se ubica en el ámbito del "derecho" -y la determinación del derecho aplicable al caso, así como su interpretación, no es responsabilidad de las partes, sino del juez-. En efecto, dichos preceptos cumplen la función de facultar al juzgador para que incorpore, con el objeto de informar sus determinaciones, criterios sobre materias cuyos conocimiento y especialidad generalmente corresponden a personas ajenas a la actividad judicial, pues el derecho de acceso a un juez imparcial no ordena que éste únicamente atienda a lo planteado por las partes, en tanto que resulta razonable y deseable que pueda allegarse de información para formar su convicción y decidir con base en la verdad. Por tanto, a la luz de esta interpretación, se concluye que los indicados artículos 180 y 206, que facultan a los tribunales para decretar la práctica, repetición o ampliación de diligencias probatorias no violan el principio de imparcialidad judicial, en el entendido de que éstas han de ser las conducentes para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos, y que en materia penal se atenderá al principio de presunción de inocencia.