FIDUCIARIAS. LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 32-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ADICIONADA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006, NO VIOLA LA GARANTÍA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos legislativos, las citadas garantías se satisfacen cuando las autoridades encargadas de su formación actúan dentro de los límites de las facultades que la Constitución Federal les confiere (fundamentación), y que las leyes que expidan se refieran a relaciones sociales que requieran ser jurídicamente reguladas (motivación). En congruencia con lo anterior, se concluye que la fracción VIII del artículo 32-B del Código Fiscal de la Federación adicionada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006, que establece la obligación de las instituciones de crédito (incluidas las aseguradoras y casas de bolsa) de presentar determinada información, cuando actúen como fiduciarias, respecto de los fideicomisos que generen ingresos, no viola las garantías de fundamentación y motivación contenidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , en virtud de que del Decreto aludido se advierte, por una parte, que fue emitido por el Congreso de la Unión, órgano legislativo encargado de legislar en materia fiscal federal y, por otra, que dicha reforma regula una situación concreta que se estimó debía ser regulada, como lo es la necesidad de lograr una eficaz transformación del Servicio de Administración Tributaria, para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. Además, tampoco puede considerarse violatorio de las citadas garantías por el hecho de que el legislador no haya señalado la razón concreta de la adición de la referida fracción VIII, toda vez que dada la naturaleza del acto, aquél no está obligado a explicarlo, sino que basta que se encuentre incluido en la esencia misma de las disposiciones legales que integran cada uno de los ordenamientos, toda vez que se refieren a relaciones sociales que exigen ser jurídicamente reguladas.