PRUEBA EN POLIGRAFÍA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. CONTRA EL MANDATO MINISTERIAL Y SU PRÁCTICA PROCEDE EL AMPARO, AL VULNERAR DERECHOS FUNDAMENTALES DEL GOBERNADO, PUES DADA LA ESPECIAL NATURALEZA DE LA DILIGENCIA, NO PODRÍAN SER REPARADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA LOS EFECTOS QUE EN ÉL SE PRODUZCAN.

Las diligencias que realiza el Ministerio Público en averiguación de los delitos y sus probables responsables, generalmente no propician alguna afectación que sea materia de inmediato control constitucional, al no haber certeza de cómo terminará la investigación; sin embargo, esa facultad no es omnímoda, porque tiene como límite la no transgresión a los derechos fundamentales de los gobernados; de ahí que para determinar la procedencia del juicio de garantías debe atenderse en forma casuística a los supuestos que se presenten. Por tanto, cuando en esa etapa procedimental se ordena la práctica de diligencias que puedan causar extremas molestias al gobernado, como es un examen de poligrafía, que mediante la colocación de conductores o electrodos en ciertas partes del cuerpo que registran en gráficas cambios neurofisiológicos o psicofisiológicos como son la frecuencia y ritmo respiratorios, sudoración en la piel, y frecuencia y ritmo cardiacos, generados con motivo de una entrevista previa y a través de cuestionamientos directos en torno al tema que se trate de averiguar no puede afirmarse a priori que su realización no afecte de manera cierta e inmediata derechos fundamentales del gobernado, ni establecerse que se trata de un medio de investigación indispensable para la integración de la averiguación previa, ni si la orden de su práctica está debidamente fundada y motivada; al no poderse evaluar en forma objetiva los efectos y trascendencia jurídica específica que pudiera tener su ejecución. Por lo cual, es inconcuso que al afectado le asiste el derecho de acudir al juicio de garantías para que se examine la constitucionalidad de ese mandato ministerial y su práctica, ya que de llevarse a cabo, dada la especial naturaleza de la diligencia, los efectos que produzcan en el gobernado no podrían ser reparados en la sentencia definitiva, aun cuando se le restara valor probatorio por haberse obtenido de forma irregular y que por ello no fuera un eficiente indicio de convicción para el Juez. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.