2a. LXV/2006Tesis Aislada9a. ÉpocaS.C.J.N.Administrativa, Constitucional
INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 138 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.
[TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Julio de 2006; Pág. 435
El hecho de que el citado precepto no establezca el plazo a que debe sujetarse la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para concluir el procedimiento administrativo sancionatorio que prevé, no viola la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
, ya que si bien es cierto que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en respeto a la garantía citada, debe establecerse un plazo prudente para la duración de las visitas domiciliarias, también lo es que tal criterio se sustenta en que la facultad de las autoridades administrativas para comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, mediante la práctica de visitas domiciliarias, constituye una excepción a la garantía de inviolabilidad del domicilio particular y, por ende, no implica la potestad de intervenir permanentemente el domicilio de los gobernados, lo cual es diferente a la imposición de sanciones por infracción a las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, que no conlleva intromisión alguna al domicilio del gobernado, pues tales sanciones se determinan con base en las constancias que obren en el expediente administrativo respectivo y, en su caso, con las manifestaciones del presunto infractor y las pruebas que haya ofrecido.
Precedentes
Amparo directo en revisión 2104/2005. Cumbre Compañía de Seguros, S.A. de C.V., antes Kemper de México, Compañía de Seguros, S.A. 10 de febrero de 2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.
Amparo directo en revisión 812/2006. Mapfre Tepeyac, S.A. 9 de junio de 2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán.
Amparo directo en revisión 864/2006. Mapfre Tepeyac, S.A. 9 de junio de 2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.
Tesis relacionadas
- INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS. EL ARTÍCULO 138 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, QUE PREVÉ EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.
- PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY RELATIVA, AUN CUANDO NO PREVÉ UN PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN LA MATERIA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
- INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. EL ARTÍCULO 478 DE LA LEY QUE LAS REGULA, AL NO PREVER UN PLAZO PARA QUE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DICTE RESOLUCIÓN UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN, VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
- CLAUSURA TEMPORAL DE UNA OBRA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN EMITIDA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD PROVISIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE AÚN NO SE HA RESUELTO DEFINITIVAMENTE.
- RECURSO ORDINARIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE AGOTARLO PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, SE REQUIERE QUE EL ACTO RECLAMADO CONSTITUYA UNA DETERMINACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL QUE SÓLO PUEDE DICTARSE EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA.
- COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS. DEBE INTERVENIR EN LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LA SENTENCIA EJECUTORIA CONTRA ALGUNA INSTITUCIÓN DE SEGUROS.
- ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. PUEDE IMPONERSE LAS VECES QUE EL JUZGADOR CONSIDERE NECESARIAS PARA HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES.
- PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL HECHO DE QUE LA LEY RELATIVA NO PREVEA LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES, SE JUSTIFICA EN LA ASIMETRÍA EXISTENTE ENTRE LOS SUJETOS QUE PARTICIPAN EN ÉL.