CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY RELATIVA, AL NO AUTORIZAR LA EMISIÓN DE UN ACTO DE MOLESTIA, RESPETA LA GARANTÍA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.

Por una parte, ese artículo prevé que si el probable infractor de la citada ley no resulta responsable de la infracción imputada, el Juez Cívico correspondiente resolverá en ese sentido y le autorizará que se retire, y que si es lo contrario, al notificarle la resolución, el Juez le informará que podrá elegir entre cubrir la multa o cumplir el arresto que le corresponda; y, por otra parte, que si el infractor sólo estuviere en posibilidad de pagar parte de la multa, el Juez le recibirá el pago parcial y le permutará la diferencia por un arresto, en la proporción o porcentaje que corresponda a la parte no cubierta, posibilidad que subsiste durante el tiempo de arresto del infractor. En esos términos, el precepto legal en cuestión no faculta al Juez Cívico a que emita un acto de molestia contra los gobernados, pues únicamente estatuye diversos beneficios a favor de quienes son presentados ante el Juez Cívico, por lo que es evidente que no es susceptible de infringir la garantía de fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 constitucional . Además, si bien el artículo en cuestión no establece que el citado Juez ha de fundar y motivar la determinación de dejar en libertad a un presunto responsable cuando advierta que no incurrió en ninguna falta o la de permutar un arresto por una multa, esto no implica violación a la garantía de seguridad jurídica prevista en el citado artículo 16, pues el considerarlo así, equivaldría a exigir en el texto legal la precisión de aspectos casuísticos que más bien están referidos a cuestiones de legalidad, como lo es la fundamentación y motivación de los actos de molestia, los cuales varían de un supuesto a otro, por lo que deben valorarse de acuerdo a las circunstancias particulares, ya que en todo caso las autoridades deben fundar y motivar correctamente sus actos por disposición expresa del citado mandato constitucional. DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.