INCONFORMIDAD. EL RECURSO PREVISTO CONTRA LAS RESOLUCIONES EN LAS QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL SANCIONA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

De conformidad con el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo y con su interpretación jurisprudencial por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se actualice la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en dicho precepto y fracción, es menester que el recurso o medio de defensa legal, lo mismo que la suspensión del acto que se señale como reclamado, se encuentren previstos en disposiciones de carácter formal y materialmente legislativo, lo que no sucede en el caso de la inconformidad que puede interponerse en contra de las resoluciones por las que el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal impone sanciones a servidores públicos por la responsabilidad en que incurran con motivo del ejercicio de sus cargos. Lo anterior es así, toda vez que los artículos 210 y 232 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal establecen que el órgano encargado de sustanciar los procedimientos relativos es el citado consejo por conducto de su comisión de disciplina, en primera instancia, y que el propio consejo, mediante acuerdos generales, establecerá los mecanismos y medios para combatir las resoluciones ahí dictadas, de los que conocerá el Pleno del indicado consejo en segunda instancia, pudiendo en su caso, revisar, revocar o modificar la resolución impugnada; en concordancia con lo antes señalado, el mencionado consejo ha emitido los Acuerdos 25-30/2003 y 13-57/2003, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de junio y 30 de octubre de 2003, respectivamente, en los que se prevé el recurso de inconformidad como el medio legal destinado a combatir las referidas resoluciones, lo mismo que la posibilidad de suspender la ejecución de éstas. Lo anterior pone de manifiesto que en el caso descrito no se cumple con la premisa inicialmente señalada para que opere la causa de improcedencia que nos ocupa, puesto que el recurso o medio de defensa y la regulación de la suspensión del acto combatido no se encuentran en una ley, sino en acuerdos dictados por un órgano de carácter administrativo, como lo es el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.