Consultado en precedentelegal.com · https://www.precedentelegal.com/tesis/2001753
XVI.1o.A.T.12 A (10a.)Tesis Aislada10a. ÉpocaT.C.C.Administrativa, Constitucional
- Registro digital (IUS)
- 2001753
- Clave de tesis
- XVI.1o.A.T.12 A (10a.)
- Tipo
- Tesis Aislada
- Época
- 10a. Época
- Instancia
- T.C.C.
- Materia
- Administrativa, Constitucional
- Fuente
- [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012; Tomo 3; Pág. 1971
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. AL NO PREVER LA LEY RELATIVA LA POSIBILIDAD DE REQUERIR AL PROMOVENTE PARA QUE EXHIBA LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU PERSONALIDAD, PREVIO A DECRETAR EL DESECHAMIENTO DE SU DEMANDA, VIOLA EL DERECHO HUMANO DE AUDIENCIA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO).
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012; Tomo 3; Pág. 1971
Para cumplir con el derecho humano de audiencia consagrado en el
segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
, deben atenderse dos aspectos: uno de forma y otro de fondo. El primero comprende los medios establecidos en el propio texto constitucional (un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento). El segundo constituye el contenido, espíritu o fin último que persigue la garantía (evitar que se deje en estado de indefensión al posible afectado con el acto privativo). En este sentido, para cumplir con el derecho fundamental de defensa, deben facilitarse al gobernado los medios o formas que garanticen su ejercicio, por lo que la prevención es una forma para que los gobernados cumplan con los requisitos señalados por la ley a fin de advertirlos de sanciones o perjuicios que pueda acarrearles alguna omisión en su demanda. Acorde con lo anterior, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de Guanajuato, al no contener disposiciones que faciliten al particular demostrar la personalidad que ostenta en el procedimiento respectivo, es decir, si ésta no contempla la prevención al actor para que regularice la demanda cuando no acredita aquélla, previo a decretar su desechamiento, viola el derecho humano de audiencia, al apartarse de los principios fundamentales que norman el debido proceso legal, pues rompe el equilibrio procesal entre las partes, al impedir al particular defenderse contra el acto administrativo y obtener una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Precedentes
Amparo directo 214/2012. Ismael González Pérez y otra. 5 de julio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Silvia Vidal Vidal.
Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia, en términos de lo previsto en el
numeral 11, Capítulo Primero, Título Cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2003, de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación, y para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte
.
Tesis relacionadas
- ACCIÓN DE PROTECCIÓN EFECTIVA DE DERECHOS. AL NO PREVER LA LEGISLACIÓN ESPECIALIZADA EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN CONTRA SU DESECHAMIENTO, A EFECTO DE GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SU VERTIENTE DE RECURSO EFECTIVO, PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUPLETORIAMENTE.
- DEMANDA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CUANDO SE PRESENTA ACOMPAÑADA DEL TÍTULO QUE TRAE APAREJADA EJECUCIÓN, ES ILEGAL QUE EL JUEZ RESPONSABLE, AL RESOLVER SOBRE SU ADMISIÓN, APLIQUE SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AL EXISTIR DISPOSICIÓN CONCRETA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO, QUE REGLAMENTA EL PROCEDER QUE DEBE ADOPTAR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL.
- ASENTAMIENTOS HUMANOS. EL INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE NULIDAD, ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE COLIMA, DE LOS RESIDENTES DE UN ÁREA AFECTADA EN RELACIÓN CON LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 143 DE LA LEY RELATIVA DE DICHA ENTIDAD, SÓLO SE ACREDITA CUANDO SE DEMUESTRA QUE PREVIAMENTE ACUDIERON ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE.
- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO. EN ATENCIÓN AL DERECHO HUMANO DE NO DISCRIMINACIÓN POR CONDICIÓN DE SALUD Y A LOS PRINCIPIOS DE PROXIMIDAD Y FACILIDAD PROBATORIA, LA CARGA DE LA PRUEBA DE LA ACTUACIÓN DILIGENTE RECAE EN LA INSTITUCIÓN DEMANDADA.
- CORREDORES PÚBLICOS. CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PARA IMPUGNAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN V, DEL REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIONES Y RAZONES SOCIALES, POR CONSIDERAR QUE CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, SI NO ACREDITAN CONTAR CON LOS REQUISITOS A QUE ALUDE DICHO PRECEPTO.
- DEMANDA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA OBLIGACIÓN DE EXPRESAR EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE LOS HECHOS FUNDATORIOS DE LA RECLAMACIÓN DE INTERESES MORATORIOS, SE INCUMPLE CUANDO RESPECTO DE ÉSTOS EL ACTOR NO SEÑALA EL HECHO RELATIVO AUN CUANDO EXHIBA JUNTO A LA DEMANDA EL PAGARÉ QUE LOS CONTIENE.
- AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. CUANDO SE RECLAMA LA EXPEDICIÓN DE UN REGLAMENTO FEDERAL Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y A ALGUNA SECRETARÍA DE ESTADO, SIN QUE SE ADVIERTA CONCEPTO DE VIOLACIÓN CONTRA EL REFRENDO, NO DEBE PREVENIRSE A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE PRECISE QUÉ ACTO ATRIBUYE A CADA UNA.
- CONVENIO O LIQUIDACIÓN CELEBRADO FUERA DE JUICIO ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES. PARA QUE SU RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN HECHAS POR LA JUNTA TENGAN PLENA EFICACIA LEGAL, ES NECESARIO QUE LOS ACUERDOS O ACTAS RESPECTIVAS ESTÉN FIRMADAS POR CADA UNO DE LOS MIEMBROS QUE LA INTEGRAN, ASÍ COMO POR EL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE (LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012).