DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL CONTRIBUYENTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, SI LA AUTORIDAD HACENDARIA NO DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL RESPECTIVO.

El citado precepto dispone que si de la información proporcionada por las instituciones del sistema financiero relativa al impuesto recaudado y pendiente de recaudar por falta de fondos en las cuentas de los contribuyentes o por omisión de la institución de que se trate, en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general (artículo 4, fracción VII , de la referida ley), se comprueba la existencia de un saldo a pagar de impuesto a los depósitos en efectivo, la autoridad fiscal notificará al contribuyente tal circunstancia para que en un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos dicha notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y, en su caso, presente los documentos y las constancias que desvirtúen la existencia del saldo a cargo; transcurrido dicho plazo sin que el contribuyente logre demostrar tal extremo o no ejerza ese derecho, la autoridad determinará el crédito fiscal correspondiente y realizará el requerimiento de pago y su cobro, con la respectiva actualización y recargos desde que la contribución no pudo recaudarse y hasta que sea pagada. Lo anterior permite concluir que el artículo 5 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo no forma parte de las disposiciones que rigen el ciclo regular del tributo o su mecanismo de acreditamiento, compensación o devolución, ni es consecuencia natural de la actualización del hecho imponible, por lo que no es parte integrante del sistema normativo que puede impugnarse una vez demostrada la retención o el entero del impuesto. En tales condiciones, el contribuyente aun cuando acredite esta última circunstancia, carece de interés jurídico para impugnar dicho precepto a través del juicio de amparo, pues para ello es indispensable la existencia de un acto concreto de aplicación, esto es, que la autoridad hacendaria determine un crédito fiscal en términos de esa norma, lo cual deja abierta la posibilidad de que en el futuro el contribuyente se ubique en la situación normativa específica, ocasión en la cual será necesario que demuestre esa circunstancia para impugnar el dispositivo de referencia.