INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 28 DEL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA TARIFA POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA DICHO ORGANISMO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE FEBRERO DE 2003, NO INCIDE DIRECTAMENTE EN LA MATERIA TRIBUTARIA, POR LO CUAL SU CONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE ANALIZARSE BAJO EL ESCRUTINIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.

El ámbito de los derechos o principios que alberga el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene una aplicación estricta en la actividad estatal, porque no cualquier aspecto financiero debe observarlos, sino sólo aquel de índole tributaria, o sea, que derive, en sí mismo, del poder impositivo del Estado vinculado directamente con todo lo relativo a las contribuciones. Por tanto, si el artículo 28 del Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sólo establece la que deben pagar los interesados por uno de los servicios que presta dicho organismo, o sea, el relativo al estudio y reconocimiento de cada derecho de prioridad relacionado con los derechos de propiedad industrial, es inconcuso que no incide directamente en la materia tributaria, porque no se regula una obligación sustantiva de pago de alguna contribución ni una de carácter accesorio o formal, que tenga origen y consecuencias tributarios, y mucho menos tiene el carácter de una contribución en su categoría o especie de derechos, por lo cual, su constitucionalidad no puede analizarse bajo el escrutinio del principio de legalidad tributaria, sin perjuicio de que proceda su examen a la luz de otros derechos y postulados previstos por la Carta Magna. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.