AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. LA PROHIBICIÓN DE QUE EJERZAN LA ABOGACÍA EN FAVOR DE ALGÚN COLATERAL (CÓNYUGE, ASCENDIENTE O DESCENDIENTE), PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, ES CONSTITUCIONAL Y CUMPLE CON LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD E IGUALDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).

De los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que la finalidad del legislador en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, al prohibir que los agentes del Ministerio Público ejerzan la abogacía en favor de algún colateral (cónyuge, ascendiente o descendiente), fue salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, ya que esos servidores públicos se rigen por un sistema excepcional establecido constitucionalmente, debido a sus importantes funciones para el Estado, lo que encuentra sentido si se considera que, permitirles esa representación, podría trascender a la función que tienen encomendada, porque su finalidad objetiva constitucional es el correcto desempeño del deber del Estado en materia de seguridad pública y el buen desarrollo de las instituciones propias de un Estado constitucional de derecho, lo que resulta razonable porque, lejos de contribuir a la finalidad buscada, esa actuación constituiría un obstáculo que, incluso, dejaría vulnerables diversas esferas que constituyen la base del propio Estado. Por tanto, la prohibición referida cumple con los principios de proporcionalidad e igualdad, al generar la misma situación jurídica para todas las personas que se ubiquen en la hipótesis que la prevé. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.