AMPARO ADHESIVO. SI NO LO PROMUEVE LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO PRINCIPAL PARA IMPUGNAR LOS PUNTOS DECISORIOS QUE LE PERJUDICAN, PRECLUYE SU DERECHO PARA HACERLO EN UN POSTERIOR JUICIO DE AMPARO.

La figura del amparo adhesivo, que prevé el artículo 182 de la Ley de Amparo, contempla tres objetivos principales: I) el fortalecimiento de las consideraciones vertidas en el fallo reclamado; II) la denuncia de violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo; y, III) el combate de las consideraciones que concluyeron en un "punto decisorio" que perjudicó al adherente. Por lo que hace a este último, debemos entender aquellas consideraciones que le son desfavorables a la parte que obtuvo una sentencia o laudo favorable y, que no obstante, estima inadecuadas, incorrectas o contrarias a derecho (violaciones in judicando), aunque no se vean reflejadas en un punto resolutivo; como cuando, tratándose del demandado, la responsable decide que no está prescrita la acción o es infundada la excepción de trabajador de confianza en materia burocrática o que el ofrecimiento de trabajo es de mala fe, o se desestima la objeción de personalidad de quien comparece a nombre de la actora, etcétera. Y, a pesar de ello, obtiene un laudo que le favorece. Esto es así, dada la finalidad del juicio de amparo adhesivo, de otorgar a la parte que obtuvo resolución favorable, la oportunidad de defensa ante la posibilidad de que el Tribunal Colegiado, pueda otorgar el amparo a su contraparte, y que puedan verse afectadas las pretensiones que ya obtuvo, para que el Tribunal Colegiado pueda valorar estos aspectos en la litis constitucional que, en su caso, la conduzcan a negar la protección constitucional al quejoso principal o, incluso, a otorgarla al quejoso adherente. En el entendido, de que si la parte que en principio obtuvo un fallo a su favor, no se adhiere al amparo promovido por la parte perdidosa como lo prevé el precepto citado, para impugnar ese "punto decisorio", habrá precluido su derecho para expresar conceptos de violación tendentes a combatir ese aspecto en un segundo laudo desfavorable, porque estuvo en aptitud legal de hacerlos valer en un amparo adhesivo. Ello es así, porque el legislador, al introducir esta figura, buscó erradicar la prolongación de la controversia a través de un segundo o ulterior juicio de amparo, confiriéndole una mayor concentración al juicio de amparo primigenio. Lo anterior se justifica, además, porque la eventual indefensión que pudiera argumentar la parte que habiéndose dictado un primer laudo, no promovió amparo porque el fallo le fue favorable, para promover un ulterior juicio de amparo, desaparece desde el momento en que la ley le da la oportunidad de adherirse al amparo principal de su contraparte y, con ello, introducir en la litis constitucional los tópicos que le perjudicaban desde entonces, aunque no hubieren incidido en los resolutivos del primer laudo. De esta manera, el legislador le impone a la contraparte del quejoso principal, la carga procesal de impugnar tanto las violaciones procesales que le perjudican como los "puntos decisorios que le perjudican", y que pudieren incidir en el sentido del fallo, que en principio le fue favorable y, de no ejercerla oportunamente, como toda carga, ya no podrá hacerlo fenecido el plazo para ello y la autoridad responsable se verá constreñida a reiterarlos, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo anterior. No es óbice, para incluir en este razonamiento, además de las violaciones cometidas durante el procedimiento, los aludidos "puntos decisorios", el que el citado numeral 182 sólo haga mención expresa del efecto preclusivo de las violaciones procesales, en virtud de que la institución procesal de la preclusión opera de pleno derecho y oficiosamente, por ser de orden público, sin la necesidad de que el legislador la autorice en cada supuesto de manera expresa. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.