VISITAS FAMILIARES Y DE ABOGADOS A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. A FIN DE PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA, CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS DE PROHIBIRLAS POR LA EPIDEMIA CAUSADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO.

Hechos: Los quejosos reclamaron, vía amparo indirecto, la determinación de las autoridades penitenciarias de prohibir las visitas familiares y de abogados al interior del centro de reclusión, ante la epidemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), que equipararon a una incomunicación; el Juez de Distrito concedió la suspensión de plano para que cese esa prohibición y se permitan las visitas, con la salvedad de que se pueda negar el acceso a personas no autorizadas o que presenten un riesgo o peligro de contagio; resolución contra la cual las autoridades responsables interpusieron recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito resuelve que contra la determinación de las autoridades penitenciarias de prohibir las visitas familiares y de abogados a los internos en un centro de reclusión, por la epidemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), es improcedente conceder la suspensión de plano, en atención a que la finalidad de la medida es proteger el derecho a la salud de la población penitenciaria. Justificación: Lo que se explica, en virtud de que el Consejo de Salubridad General, como máxima autoridad del país en la materia, reconoció como epidemia al virus SARS-CoV2 (COVID-19), por lo que ordenó que se tomaran medidas de prevención y control de esa enfermedad, dentro de las que se encuentran la sana distancia, al ser el contacto físico entre personas su medio de propagación. Ante este panorama, la suspensión de visitas de abogados y familiares de los reclusos, como mecanismo de protección, encuentra justificación, dada la obligación de las responsables de salvaguardar la seguridad y salud de los internos y personal laboral carcelario. Por ello, si bien constituye una prerrogativa de las personas privadas de su libertad el recibir visitas de familiares, así como ser asistidos por profesionales del derecho para preparar su defensa, a fin de armonizar los principios constitucionales en juego (salud pública, familia y defensa), debe priorizarse el derecho a la salud de los internos en lo individual y como integrantes de la comunidad penitenciaria, por lo que ha de prevalecer la decisión de distanciamiento o aislamiento al interior de los centros de reclusión, en tanto subsista la declaratoria de contingencia sanitaria de referencia. Lo anterior, sin perjuicio de que las autoridades autoricen otro tipo de comunicación, aprovechando los avances tecnológicos. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.