NOTIFICACIONES EN MATERIA CIVIL. SÓLO PUEDEN SURTIR EFECTOS LOS DÍAS HÁBILES EN LOS QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO LABORE A PUERTA ABIERTA, DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).

Hechos: Con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México emitió el Acuerdo 05-19/2020, en el cual se estableció que para la atención al público en los órganos jurisdiccionales, éstos funcionarían todos los días hábiles, en forma alternada y sucesiva, por lo cual, un día su actividad se ejecutará a puerta abierta, con atención al público en general y, al siguiente, a puerta cerrada. Se precisó que en las actividades a puerta cerrada, los órganos jurisdiccionales se dedicarían a desarrollar el trabajo judicial y, por regla general, sin atención al público. Con motivo de ello, se autorizó que los términos y plazos procesales correrían normalmente, en el entendido de que si se vencieran cuando el órgano jurisdiccional se encontrara laborando a puerta cerrada, deberían presentar la promoción, escrito o libelo ante la oficialía de partes común respectiva después del horario de labores de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, mediante el diverso Acuerdo V-31/2020, se determinó la suspensión de términos procesales en las Salas Civiles y Familiares, Juzgados Civiles y Familiares de Proceso Escrito y Proceso Oral, así como en los Juzgados Civiles de Cuantía Menor de la Ciudad de México, única y exclusivamente en los días en los que esos órganos jurisdiccionales laboren y desarrollen sus actividades a puerta cerrada; en el entendido de que en los días que se labore a puerta abierta, los términos procesales correrán de forma normal. Derivado de lo anterior, la actora presentó una demanda en la vía oral mercantil y el juzgado respectivo le formuló una prevención; la notificación del acuerdo respectivo se practicó mediante Boletín Judicial en un día en que el órgano jurisdiccional respectivo laboró a puerta abierta. El Juez de origen determinó que la prevención se desahogó en forma extemporánea, pues el escrito respectivo se presentó un día después de fenecido el plazo concedido, en virtud de que la notificación del auto de prevención surtió efectos al día siguiente al en que se practicó; esto es, en un día en el que ese órgano jurisdiccional laboró a puerta cerrada. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que las notificaciones en materia civil sólo pueden surtir efectos los días hábiles en los que el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Ciudad de México labore a puerta abierta, durante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Justificación: Lo anterior, pues conforme al artículo 1068 del Código de Comercio, las notificaciones que no deban ser personales de las resoluciones que se emitan en los procedimientos jurisdiccionales mercantiles, se deberán practicar al día siguiente de aquel al en que se emitan. Por otra parte, el artículo 1069 del mismo ordenamiento concede a las partes que intervienen en los procedimientos jurisdiccionales la prerrogativa de designar autorizados que contarán con facultades, entre otras, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Las notificaciones por Boletín Judicial están previstas en el artículo 1068, fracción II, del Código de Comercio y, es aplicable, en forma supletoria, el artículo 125 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, pues el Código Federal de Procedimientos Civiles no regula las notificaciones por Boletín Judicial. Así, conforme al último precepto citado, en conjunción con lo previsto en el artículo 1075, párrafos primero y segundo, del Código de Comercio, las partes, sus autorizados o sus procuradores, tienen el derecho de acudir al tribunal o juzgado a notificarse personalmente el mismo día en que se dicten las resoluciones, y sólo que no lo hagan, el órgano jurisdiccional las mandará publicar en el Boletín Judicial y dicha notificación surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación. Además, conforme a los artículos 1064, 1075 y 1076, primer párrafo, del Código de Comercio, las actuaciones judiciales sólo se pueden llevar a cabo en días y horas hábiles y, de igual forma, los plazos procesales únicamente pueden transcurrir en días hábiles. Lo cual evidencia que si la actividad judicial y los plazos procesales sólo pueden tener lugar en días hábiles, las notificaciones también deberán surtir efectos en días hábiles, pues lo contrario implicaría ir en contra de esa regla general prevista en la legislación adjetiva, la cual se encuentra dirigida a salvaguardar las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acceso a la justicia de los particulares. Por tanto, si el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México emitió acuerdos generales con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), para dar claridad y certeza jurídica a los justiciables y, por ello, determinó que los días en que los órganos jurisdiccionales civiles y familiares laboren a puerta cerrada no debían correr los plazos procesales, es evidente que, por mayoría de razón, los mismos días en que el órgano jurisdiccional laboró a puerta cerrada no pueden surtir efectos las notificaciones practicadas, en cualquier forma, el día anterior. Ello, pues conforme a la citada normativa administrativa, el día en que un órgano jurisdiccional civil o familiar labora a puerta cerrada, para el público justiciable se equipara a un día inhábil, al no poder comparecer al local del juzgado o tribunal a ejercer sus derechos o consultar los expedientes. Por tanto, el hecho de que conforme a la citada disposición administrativa, los funcionarios y empleados judiciales puedan emitir resoluciones y laborar los días en que el órgano jurisdiccional funciona a puerta cerrada, no puede tener el alcance de estimar que en esos días puedan surtir efectos las notificaciones que ese órgano hubiere practicado el día anterior, pues ello sería en demérito de las formalidades esenciales del procedimiento, del derecho de acceso a la justicia y del principio de certeza jurídica consagrados en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, la citada normativa administrativa se debe interpretar de acuerdo con los aludidos postulados constitucionales, a fin de salvaguardar el derecho de audiencia de las personas que intervienen en un procedimiento judicial, pues las disposiciones de tipo administrativo que se emiten con motivo de la referida contingencia sanitaria o su interpretación, no pueden tener el alcance de limitar ni demeritar los derechos procesales de las partes, máxime cuando de los referidos acuerdos generales claramente se advierte que su intención fue salvaguardar esos derechos y generar certidumbre a los justiciables. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.