Consultado en precedentelegal.com · https://www.precedentelegal.com/tesis/2026725
III.3o.P.4 K (11a.)Tesis Aislada11a. ÉpocaT.C.C.Común
- Registro digital (IUS)
- 2026725
- Clave de tesis
- III.3o.P.4 K (11a.)
- Tipo
- Tesis Aislada
- Época
- 11a. Época
- Instancia
- T.C.C.
- Materia
- Común
- Fuente
- [TA]; 11a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 26, Junio de 2023; Tomo VII; Pág. 6953
- Publicación
- 2023-06-16
RECUSACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE SI SE REFIERE A SERVIDORES PÚBLICOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE LA MATERIA.
[TA]; 11a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 26, Junio de 2023; Tomo VII; Pág. 6953
Hechos: En un juicio de amparo indirecto, un Juez de Distrito desechó el escrito del quejoso por el cual solicitó la recusación del secretario del juzgado designado para llevar el trámite del expediente; ello, dado que no se actualizaba alguno de los supuestos previstos por el artículo 51 de la Ley de Amparo; inconforme, interpuso recurso de queja.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente la recusación planteada contra servidores públicos distintos a los señalados en el artículo 51 de la Ley de Amparo, pues conforme a dicho precepto, ésta sólo puede actualizarse respecto de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y las autoridades que conozcan del juicio de amparo, por ser quienes emiten directamente las resoluciones.
Justificación: Los secretarios de juzgado están facultados, entre otras cosas, para certificar los actos que realizan los titulares, autenticar hechos jurídicos de importancia para los juicios, elaborar los estudios y proyectos de resolución, autorizar comunicaciones oficiales, diligencias, autos y toda clase de determinaciones que se expidan, asienten, practiquen o dicten, dando fe de dichos actos; sin embargo, esas funciones del fedatario no involucran de su parte actos decisorios, pues éstos atañen exclusivamente a los funcionarios enlistados en la ley.
Así, al realizar labores específicas sin imperio, no pueden ser considerados como autoridades que conozcan de los juicios de amparo y, por ende, que sobre ellos pueda actualizarse alguna causa de impedimento prevista en la ley de la materia.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
Precedentes
Queja 198/2022. 13 de diciembre de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Díaz Díaz. Secretaria: Gabriela Lizeth Rodríguez Muñiz.
Tesis relacionadas
- IMPEDIMENTO EN AMPARO INDIRECTO. PARA CALIFICARLO DE LEGAL ES INSUFICIENTE QUE EL JUEZ DE DISTRITO TENGA UNA RELACIÓN DE AMISTAD ESTRECHA CON LA PERSONA QUE TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO ÉSTA ES JURISDICCIONAL.
- RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO TIENE LA OBLIGACIÓN DE REMITIRLO CON LAS CONSTANCIAS QUE DEMUESTREN QUE FUE INTERPUESTO OPORTUNAMENTE.
- REVISIÓN, PRUEBA EN EL RECURSO DE. DEBE TOMARSE EN CONSIDERACIÓN CUANDO CON ELLA SE DEMUESTRE QUE SE DESAHOGÓ UNA PREVENCIÓN EN TIEMPO.
- DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN. LAS PRESIDENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN DECRETARLO CUANDO ADVIERTAN UN MOTIVO NOTORIO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.
- ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBEN ADMITIRSE EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE RECLAME, LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR EL QUEJOSO, AUN CUANDO HAYA COMPARECIDO MINISTERIALMENTE EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA.
- IMPEDIMENTO POR PARENTESCO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REVISAR SU ACTUALIZACIÓN CONFORME A LA MANIFESTACIÓN DEL JUZGADOR QUE LO PLANTEA.
- COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A UNA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO EL DENUNCIANTE TENGA MÁS DE UNA RESIDENCIA, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE SE PRESENTE.
- IMPEDIMENTO. ES INFUNDADO EL PLANTEADO POR UN JUEZ DE DISTRITO QUE, AUN CUANDO ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, NO RESULTA SER QUIEN EMITIÓ LA ORDEN DE APREHENSIÓN IMPUGNADA.