Artículo 63 de la LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Este artículo habla sobre qué pasa cuando una persona que cometió un delito, pero no es responsable por tener una enfermedad mental o discapacidad psicosocial, recibe tratamiento en un centro especial. La persona que dirige ese centro debe informar a un juez, a la autoridad que ejecuta las sentencias, y a las secretarías de Salud y de Inclusión y Bienestar Social, cómo le fue con la atención y el tratamiento. Con esa información, se decide si la persona, si ya fue sentenciada, debe regresar a la cárcel, o si debe ser entregada a sus familiares o a quienes legalmente deban cuidarla. Las autoridades de los centros penitenciarios tienen que asegurarse de que, al entregar a esa persona, su cuidado, vigilancia y atención médica sean los adecuados para su enfermedad, y garantizar que quienes la reciban cumplan con todas sus obligaciones.

Texto oficial

Artículo 63. La persona titular de la Dirección del Centro de Rehabilitación Psicosocial informará a la autoridad judicial o ejecutora, así como a la Secretaría de Salud y de Inclusión y Bienestar Social correspondientes, el resultado de la atención y tratamiento aplicado a las personas privadas de la libertad inimputables y personas con discapacidad psicosocial, a fin de determinar su traslado a los Centros Penitenciarios en caso de personas sentenciadas que hayan sido referidas a dicha institución o la entrega del paciente a quienes legalmente corresponde hacerse cargo. Las autoridades penitenciarias deberán establecer las medidas adecuadas para verificar que las condiciones de cuidado, vigilancia y seguimiento médico de las personas privadas de la libertad que se entreguen a quienes corresponde, sean compatibles con su padecimiento, garantizando, por cualquier medio y a satisfacción de las mencionadas autoridades, el cumplimiento de las obligaciones contraídas. TÍTULO TERCERO Del Programa de Actividades Penitenciarias CAPÍTULO I Del Programa de Actividades