Artículo 29 de la LEY AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Cuando entregues un estudio de impacto ambiental para un proyecto, ese documento y sus archivos adicionales se pondrán a disposición de cualquier persona que quiera consultarlos. Para que el proceso sea más rápido, la autoridad hará una revisión rápida con una lista de verificación: si todo está completo, el trámite pasa a evaluación; si falta algo, te lo notificarán para que lo corrijas, y te darán hasta tres oportunidades sin costo extra. Si después de tres revisiones aún hay errores, tendrás que pagar de nuevo el derecho de evaluación y pasar por otras tres revisiones más. Tú decides qué información sensible quieres mantener en secreto (según las leyes de transparencia y protección de datos), pero si no lo aclaras al entregar el estudio, se asume que todo puede ser consultado por cualquiera.

Texto oficial

Artículo 29.- Una vez ingresado el estudio de impacto ambiental, así como sus anexos, estará disponible para consulta del público. Con el objeto de agilizar y simplificar el procedimiento de evaluación y comprobar que la información sea la mínima suficiente, la Secretaría implementará un proceso de revisión previa, el cual consistirá en la aplicación de una lista de chequeo por parte del área encargada de la evaluación, luego de lo cual se determinará lo siguiente: I. El ingreso del trámite para su evaluación correspondiente, cuando no se detecte algún faltante de la lista de chequeo; o II. Informar al promovente las omisiones o inconsistencias detectadas que debe subsanar, haciendo entrega de una copia de la lista de chequeo donde se indican los faltantes, que no podrán exceder hasta por tres revisiones, en caso de exceder el número de revisiones se deberá cubrir nuevamente el pago de derechos de evaluación hasta por otras tres revisiones más, que deberá anexar a su solicitud. El promovente de la obra o actividad, al momento de ingresar el estudio de impacto ambiental en sus diferentes modalidades, determinará en la carpeta de consulta para el público, la información que debe mantenerse en reserva de conformidad con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ambas de la Ciudad de México; en caso de no hacerlo, se entenderá que toda la información puede ser consultada por cualquier persona.