Artículo 35 de la LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El artículo explica las tareas del juez que lleva los casos de corrupción o mal uso del dinero público en la Ciudad de México. Este juez puede aceptar o rechazar demandas, las pruebas que presenten, y también puede pedir más información si hace falta. Además, puede proponer las decisiones finales del caso, ordenar medidas para que se cumplan sus órdenes (como multas), y hasta pedir estudios de expertos si se necesita entender algo técnico. También se encarga de dirigir audiencias y asegurarse de que lo que se resuelva se lleve a cabo.

Texto oficial

Artículo 35. La persona Magistrada instructora de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración, tendrán las siguientes atribuciones: I. Admitir, prevenir, reconducir o mejor proveer, la acción de responsabilidades contenida en el informe de presunta responsabilidad administrativa; II. Admitir o tener por contestada o no la demanda; III. Admitir o rechazar la intervención del tercero; IV. Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruebas; V. Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que le competan, formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de la resolución y someterlos a la consideración de la Sala; VI. Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios para instruir el procedimiento sancionatorio, incluyendo la imposición de las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir sus determinaciones, acordar las promociones de las partes y los informes de las autoridades y atender la correspondencia necesaria, autorizándola con su firma; VII. Formular el proyecto de resolución definitiva y, en su caso, el que recaiga a la instancia de apelación o ejecutoria; VIII. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares provisionales en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como proponer a la Sala el proyecto de resolución correspondiente a la medida cautelar definitiva que se estime procedente; IX. Proponer a la Sala la designación del perito tercero; X. Solicitar la debida integración del expediente para un mejor conocimiento de los hechos en la búsqueda de la verdad material, asimismo los Magistrados Instructores podrán acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos, ordenar la práctica de cualquier diligencia o proveer la preparación y desahogo de la prueba pericial cuando se planteen cuestiones de carácter técnico y no hubiere sido ofrecida por las partes, en el procedimiento de investigación; XI. Dirigir la audiencia de vista con el personal de apoyo administrativo y jurisdiccional que requiera; XII. Dar seguimiento y proveer la ejecución de las resoluciones que emita, y XIII. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables. TITULO TERCERO DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL Capítulo I