NULIDAD DE TESTAMENTO AGRARIO. SI LA ACCIÓN RELATIVA LA EJERCE UNA PERSONA QUE ASEVERA PERTENECER A LA CLASE CAMPESINA INDÍGENA, EL TRIBUNAL DE LA MATERIA, AL RESOLVER, DEBE TOMAR EN CUENTA LAS COSTUMBRES Y ESPECIFICIDADES CULTURALES QUE RIJAN EN EL POBLADO CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO ATENDER LOS ÁMBITOS TEMPORAL Y MATERIAL DE VALIDEZ DE LAS NORMAS.

Si la acción de nulidad de testamento agrario la ejerce una persona que asevera pertenecer a la clase campesina indígena, el tribunal de la materia debe observar el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , el cual, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, prevé como garantía social el reconocimiento del derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, por lo que, al resolver, queda obligado a tomar en cuenta las costumbres y especificidades culturales que rijan en el poblado correspondiente. Lo anterior es así, aun cuando el artículo 17 de la Ley Agraria otorga al ejidatario la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos agrarios sobre la parcela y en los demás inherentes a esa calidad, pues ello no exime al órgano jurisdiccional competente de analizar los aspectos indicados, acorde con el principio de supremacía constitucional, que excluye la posibilidad de que leyes de jerarquía inferior reduzcan el ámbito de los mandamientos constitucionales, por lo cual está en condiciones de solicitar la información relativa a las autoridades internas del ejido o a quien lo considere, aunado a que debe atender los ámbitos temporal y material de validez de las normas -de las leyes suprema y secundaria-, distinguiendo los momentos de aplicación de una y otra en la decisión de la contienda agraria, lo que implica un tratamiento distinto, pues no es jurídico resolver el asunto aplicando la norma anterior sin considerar la posterior, sobre todo cuando reformas como la señalada, tienen vocación de cobrar vigencia una vez publicadas en el medio oficial de difusión, acorde con el principio de eficacia inmediata, que vincula a todos los operadores jurídicos a acatarlas. De no ser así, quedaría al arbitrio de las autoridades aplicar una ley, pese a que se modificara el régimen constitucional al que pertenezca. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.