DELITOS CONCURSALES. EL ARTÍCULO 276 DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES, AL DISPONER QUE EL JUEZ PENAL NO CONOCERÁ DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 20, APARTADOS A, FRACCIÓN I, Y B, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.

El artículo 276 de la Ley de Concursos Mercantiles , al disponer que en los delitos en situación de concurso mercantil el Juez penal no conocerá de la reparación del daño, sino que ello corresponde al Juez del concurso mercantil, no viola las garantías contenidas en el artículo 20, apartados A, fracción I, y B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), relativas a la obligación del Juez penal de tomar en cuenta el monto de la reparación del daño para fijar la caución y otorgar a los procesados la libertad provisional bajo caución, así como el derecho de la víctima u ofendido a obtener la reparación del daño. En efecto, dicho precepto legal sólo distingue las facultades del juzgador penal de las que le corresponden al del concurso mercantil, sin que de dicha distinción normativa se advierta alguna prohibición para que el primero pueda pronunciarse en torno a la reparación del daño, pues la acepción "no conocerá" de ninguna manera implica que el Juez penal sea totalmente ajeno a este tema; de ahí que no puede entenderse que de su jurisdicción se haya abstraído dicho aspecto jurídico, ya sea para efectos de la libertad provisional bajo caución que se solicite o para el dictado de la sentencia condenatoria, de ser el caso. En ambos supuestos, de acuerdo a los hechos delictivos y al acervo probatorio que obre en la causa, el juzgador tiene conocimiento del quebranto patrimonial que sufrió la víctima u ofendido por el despliegue de la conducta delictiva, por lo que al realizar sus juicios de valoración no puede abstenerse de emitir un pronunciamiento al respecto. Así, el hecho de que el precepto de mérito establezca que el juzgador penal no conocerá de la reparación del daño, significa que al Juez del concurso mercantil corresponde en definitiva cuantificar su monto y ejecutar la referida reparación, lo que bien puede hacer tomando en cuenta el pronunciamiento realizado por aquél. Lo anterior es así, porque el indicado precepto legal forma parte de un sistema creado en la Ley de Concursos Mercantiles que pretende sancionar las conductas criminosas que puedan actualizarse en esta materia, donde el patrimonio del justiciable se unifica en una sola cosa, a repartir entre sus acreedores y con un esquema de prelación, de acuerdo a la naturaleza de sus créditos. Por tanto, la evolución mercantil y las necesidades que plantea, aunado al gran tecnicismo que caracteriza al derecho concursal penal, explican que sea el Juez concursal y no el penal quien analice en su contexto los alcances de la reparación del daño, como una sanción eminentemente patrimonial e indemnizatoria que, por ende, no puede ser ajena a la masa del concurso.