PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, EN CUANTO ESTABLECE DIFERENTES REQUISITOS PARA QUE LOS PARTICULARES Y LAS AUTORIDADES ACREDITEN LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚAN EN EL JUICIO RESPECTIVO, NO ES VIOLATORIO DE LAS GARANTÍAS DE DEBIDO PROCESO Y DE IGUALDAD ENTRE LAS PARTES.

El citado precepto al establecer la obligación de los particulares de acreditar su representación en el juicio de nulidad a través de escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante notario público, y demostrar que fue otorgada a más tardar en la fecha de la presentación de la demanda, mientras que respecto de las autoridades sólo prevé que la representación corresponderá a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, no viola las garantías referidas porque aun ante la evidente disparidad de exigencias debe tenerse presente que los actos de estas últimas gozan de credibilidad, ya que su creación está contemplada en los ordenamientos legales correspondientes, los cuales disponen la imposición de sanciones en caso de incurrir en causa de responsabilidad, pero además, porque la contestación de la demanda de nulidad por parte de una autoridad no puede considerarse como un acto de molestia al que deban exigírsele más requisitos que el simple fundamento de sus facultades para actuar, situación contraria a las obligaciones de la parte actora, quien para demandar la nulidad de la resolución dictada por aquélla debe acreditar el derecho que afirma tener. Es decir, si bien en el primer escrito se exige al demandante la obligación de acompañar el documento con que acredita su representación expedido antes de su presentación, lo cierto es que en la especie se trata de situaciones jurídicas que no pueden equipararse, ya que el actor al presentarse excitando a los órganos jurisdiccionales del Estado para la aplicación de las normas tutelares de la ley, debe comprobar que está legitimado para hacerlo, esto es, como condición indispensable para la eficacia de su demanda y para la normalidad del procedimiento, está obligado a cumplir ciertos requisitos; en cambio, la situación de la demandada es diferente, dado que sólo está obligada a responder lo que se le atribuye, dentro del plazo legal, y la simple cita del fundamento legal que le otorga la facultad de comparecer es suficiente para acreditar su representación.