COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS TRABAJADORES. CORRESPONDE, POR EXCEPCIÓN, A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, LA CUAL DEBE RESOLVERLOS APLICANDO LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS.

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje es competente para conocer de un juicio laboral promovido por un servidor público en contra del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, aun ante la falta de legislación ordinaria que así lo determine expresamente, y que la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México en su artículo 1 prevea que tiene por objeto regular las relaciones de trabajo entre los poderes públicos del Estado y los Municipios y sus respectivos servidores públicos, y que sus numerales 184 y 185 señalen, respectivamente, lo siguiente: "El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es un órgano autónomo y dotado de plena jurisdicción, conocerá y resolverá los conflictos laborales individuales y colectivos que se presenten entre los sujetos de esta ley." y "El tribunal será competente para: I. Conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, de los conflictos individuales que se susciten entre las instituciones públicas, dependencias, organismos descentralizados, fideicomisos de carácter estatal y municipal, y organismos autónomos que sus leyes de creación así lo determinen y sus servidores públicos que no conozcan las Salas; II. Conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, los conflictos colectivos que surjan entre las instituciones públicas o dependencias y las organizaciones sindicales; III. Conceder el registro de los sindicatos y, en su caso, dictar la cancelación de los mismos; IV. Conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, de los conflictos internos de los sindicatos y de los intersindicales; V. Efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo, de los estatutos de los sindicatos, así como de aquellos otros documentos que por su naturaleza deban obrar en los registros del tribunal; VI. Llevar los procedimientos para la determinación de dependencia económica de los familiares de los servidores públicos; VII. Dictar la resolución que ordene la suspensión temporal de su cargo de un servidor público en términos de lo dispuesto por el artículo 209 y 253 de esta ley; y VIII. Conocer de cualquier otro asunto relativo, derivado o directamente vinculado con las relaciones de trabajo.". Lo anterior es así, porque en relación con la aludida falta de legislación ordinaria, debe tomarse en cuenta que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a los particulares el acceso a la administración de justicia, al establecer: "... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales ...", finalidad que no podría lograrse de admitirse que no existe algún órgano con las atribuciones legales para resolver un conflicto laboral como el apuntado; y por lo que hace a los citados numerales 1, 184 y 185, no es óbice para considerar que es la Junta y no el aludido tribunal la competente, por una parte, porque tales disposiciones legales deben interpretarse a la luz del indicado artículo 17, que en su primer párrafo señala: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ...", y que constituye la Ley Suprema de toda la Unión conforme a su numeral 133 ; por lo que no es dable una conclusión contraria a la expuesta, la cual guarda congruencia con el precepto 19 de la legislación burocrática local, al disponer: "Lo no previsto en esta ley o en sus disposiciones reglamentarias se regulará por la analogía, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y los de justicia social, la costumbre y la equidad."; máxime que con la determinación de competencia anotada se salvaguarda la imparcialidad del órgano impartidor de justicia, principio que también se encuentra contenido en el invocado artículo 17 constitucional; y, por la otra, que los numerales 527, 529 y 621 de la Ley Federal del Trabajo y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México precisen, respectivamente, la competencia de las Juntas Locales y del Tribunal de Arbitraje estatal para conocer y resolver conflictos laborales, dentro de los que no se encuentran los surgidos entre el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y sus trabajadores. En esa tesitura, tomando en cuenta que conforme al citado artículo 17 ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, se concluye que, por excepción, la competencia para conocer de un conflicto de tal índole debe fincarse en favor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la cual debe resolverlo aplicando la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.