DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI SE RECLAMA VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 8o., 14 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DENTRO O FUERA DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL, NO SE SURTE LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA PARA DESECHAR AQUÉLLA.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 7/2015 (10a.), y 1a./J. 8/2015 (10a.), publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Tomo I, abril de 2015, páginas 480 y 478, de títulos y subtítulos: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA.", y "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA).", respectivamente, concluyó que en un procedimiento jurisdiccional, la transgresión al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no puede reclamarse de forma autónoma a lo previsto en diversos preceptos constitucionales ni legales, pues el actuar de la autoridad debe determinarse en atención a la situación jurídica en que se ubique el gobernado, sin que ello impida el estudio de forma indivisible e interdependiente de los derechos humanos que regulan la referida situación. Asimismo, sostuvo que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, se rige por los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria, por lo que cuando se demandan violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Federal, no pueden considerarse como de ejecución irreparable, pues no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo, dado que no se trata de una actuación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene el carácter de adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria, para obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada, así como de constreñirla a impulsar el procedimiento. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la omisión de dar respuesta a una petición formulada a una autoridad; sin embargo, ello, por sí solo, es insuficiente para considerar procedente el amparo, ya que dicha afectación no puede verse de forma autónoma, sino dentro del procedimiento, en razón de los referidos artículos 14 y 17 constitucionales, que rigen los procedimientos jurisdiccionales, y su desarrollo en la legislación secundaria de los derechos de debido proceso y acción, por lo que no se actualizaría el caso de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo. Consecuentemente, la violación al derecho de petición en un procedimiento jurisdiccional de manera autónoma es inimpugnable, ya que los plazos, términos y modalidades bajo los cuales se regirá el actuar de la autoridad ante quien se elevó la petición, serán los previstos en la norma secundaria; es decir, acorde con los mecanismos que estableció el legislador en la ley ordinaria, para que el particular obligue a la autoridad a dar respuesta, por lo que si en la legislación secundaria que rige el procedimiento jurisdiccional, no existe ese mecanismo a fin de que el particular pueda defender ese derecho ante la autoridad, entonces, en ese caso el acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad se volverá irreparable, lo que sí haría procedente el juicio biinstancial. Por tanto, no es factible, conforme a las referidas jurisprudencias, a partir de lo reclamado en la demanda de amparo (violación al derecho de petición o prosecución jurisdiccional), se deseche por ser notoria y manifiesta su improcedencia, pues para ello es menester que el Juez de Distrito verifique si la ley secundaria que rige el procedimiento jurisdiccional del que emana el acto reclamado, prevé algún mecanismo para que el quejoso pudiera defender el derecho violado y, a partir de ello, determine si el acto es de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo indirecto. Por ello, no es evidente, clara y fehaciente la improcedencia del juicio de amparo, pues para determinar su actualización, se requiere un análisis más profundo, propio de la sentencia definitiva y no del auto de desechamiento. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.