GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD. ES INADMISIBLE OTORGARLA POR LA POSIBLE DISCRIMINACIÓN QUE PUEDA SUFRIR ÉSTE POR LA ACTIVIDAD LABORAL DE SU MADRE.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, consideró que para justificar una diferencia de trato y restricción de un derecho, no puede servir de sustento jurídico la alegada posibilidad de discriminación social, probada o no, a la que se podrían enfrentar los menores de edad por condiciones de la madre o el padre. Por lo que si bien es cierto que algunas sociedades pueden ser intolerantes a condiciones como la raza, el sexo, la nacionalidad o la orientación sexual de una persona, también lo es que los Estados no pueden utilizar esto como justificación para perpetuar tratos discriminatorios. Los Estados están internacionalmente obligados a adoptar las medidas que fueren necesarias "para hacer efectivos" los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como se ordena en el artículo 2 de dicho instrumento, por lo que deben propender, precisamente, por enfrentar las manifestaciones intolerantes y discriminatorias, con el fin de evitar la exclusión o negación de una determinada condición. El tribunal interamericano constató que en el marco de las sociedades contemporáneas se dan cambios sociales, culturales e institucionales encaminados a desarrollos más incluyentes de todas las opciones de vida de sus ciudadanos, lo cual se evidencia en la aceptación social de parejas interraciales, las madres o padres solteros o las parejas divorciadas, las cuales en otros momentos no habían sido aceptadas por la sociedad. En este sentido, el derecho y los Estados deben ayudar al avance social, de lo contrario se corre el grave riesgo de legitimar y consolidar distintas formas de discriminación violatorias de los derechos humanos. Por otro lado, en cuanto al argumento de que el principio del interés superior del niño puede verse afectado por el riesgo de un rechazo por la sociedad, la Corte Interamericana estimó que un posible estigma social debido a la orientación sexual de la madre o el padre no puede considerarse un "daño" válido a los efectos de la determinación del interés superior del niño. Si los Jueces que analizan este tipo de casos constatan la existencia de discriminación social es totalmente inadmisible legitimar esa discriminación con el argumento de proteger el interés superior del menor de edad. En este caso, la Corte resaltó que, además, la señora Atala Riffo no tenía por qué sufrir las consecuencias de que en su comunidad presuntamente las niñas podrían haber sido discriminadas debido a su orientación sexual. Por tanto, concluyó que el argumento de la posible discriminación social no era adecuado para cumplir con la finalidad declarada de proteger el interés superior de las niñas. Con base en lo anterior, para el otorgamiento de la guarda y custodia de un menor de edad, no pueden ser utilizados los argumentos del padre en los que alega que su hijo puede sufrir discriminación por la actividad laboral de su madre. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.