DERECHO DE TODA PERSONA INCULPADA A SER JUZGADA CON PERSPECTIVA DE INTERCULTURALIDAD. CUANDO LA PERSONA SENTENCIADA SE AUTOADSCRIBE COMO PARTE DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EL TRIBUNAL COLEGIADO ESTÁ OBLIGADO A TOMAR EN CONSIDERACIÓN LAS ESPECIFICIDADES CULTURALES Y COSTUMBRES DE ESA COMUNIDAD PARA QUE SE EXAMINEN LOS HECHOS ENJUICIADOS, LA MATERIALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBJETIVOS O SUBJETIVOS DEL DELITO Y LOS ASPECTOS DE LOS QUE DEPENDE LA CULPABILIDAD ATRIBUIDA.

Hechos: En un procedimiento penal de corte tradicional se dictó sentencia condenatoria por el delito de despojo, la cual fue confirmada en segunda instancia. Inconforme con esa determinación, la persona sentenciada promovió amparo directo en cuya demanda se autoadscribió como miembro de una comunidad indígena y señaló que, de acuerdo con sus usos y costumbres, no era posible que cometiera el ilícito que se le atribuyó. El Tribunal Colegiado negó el amparo sin tomar en consideración la manifestación efectuada por la parte quejosa sobre su autoadscripción a una comunidad indígena, por lo que no analizó si era posible detonar en favor de la persona sentenciada los derechos reconocidos en el artículo 2o. de la Constitución Política del país. Criterio jurídico: Si una persona se autoadscribe como integrante de una comunidad indígena en el juicio de amparo directo y sostiene que conforme a la norma consuetudinaria del pueblo originario al que pertenece no pudo cometer la conducta que se le atribuyó, el Tribunal Colegiado está obligado a evaluar y, en su caso, a indagar sobre las costumbres y especificidades de la comunidad a la que se vincula la persona inculpada, para determinar si éstas podrían influir en el desarrollo de los hechos enjuiciados, la materialización de los elementos objetivos o subjetivos del delito, y los aspectos de los que depende su culpabilidad, entre otras cuestiones, siempre que no atenten en contra de derechos humanos. Justificación: La autoadscripción que realiza una persona inculpada en un asunto penal constituye una manifestación de identidad y pertenencia cultural que se realiza respecto de un pueblo indígena con la finalidad de acceder a la jurisdicción del Estado, por lo que en todo proceso penal el órgano jurisdiccional está obligado a tomar en cuenta las costumbres y especificidades culturales de la persona que se autoadscribe para analizar los hechos enjuiciados, la materialización de los elementos objetivos o subjetivos del delito y los aspectos de los que depende la culpabilidad atribuida, sin soslayar que las normas del derecho consuetudinario indígena estarán en todo tiempo sujetas a examen constitucional, convencional y legal para decidir sobre su pertinencia y aplicabilidad en casos concretos. En ese sentido, cuando la autoadscripción se realiza hasta la demanda de amparo directo, el Tribunal Colegiado debe resolver sobre la vigencia y aplicabilidad de una norma de derecho consuetudinario indígena mediante los principios y métodos constitucionales y legales admisibles dentro de estándares mínimos de tolerancia que cubran los diferentes sistemas de valores. Es decir, lograr el consenso mínimo necesario para la convivencia entre las distintas culturas, sin que ello implique renunciar a los presupuestos esenciales que marcan la identidad de cada una, por lo que debe adoptarse una perspectiva intercultural. Por tanto, el Tribunal Colegiado deberá resolver el caso concreto atendiendo a la vigencia y aplicabilidad del derecho consuetudinario, así como a su contraste con los derechos humanos reconocidos constitucional y convencionalmente, con el objeto de determinar si la existencia de la conducta ilícita o la responsabilidad penal se vieron afectadas de alguna manera por las costumbres y especificidades culturales de quien se autoadscribe, lo que garantiza el derecho de toda persona a ser juzgada con perspectiva de interculturalidad en un asunto penal. PRIMERA SALA.