Artículo 33 de la LEY DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En las oficinas del Ministerio Público y en los juzgados de la Ciudad de México, siempre debe haber defensores públicos disponibles para ayudar legalmente a quien lo necesite. Tanto el Tribunal Superior de Justicia como la Fiscalía están obligados a dar a la Defensoría Pública espacios adecuados dentro de sus instalaciones para que puedan hacer su trabajo. Los lugares donde los defensores atienden a adolescentes en problemas con la ley deben tener áreas especiales para dar orientación legal y social, además de contar con trabajadores sociales. Así, los papás o tutores de esos jóvenes pueden recibir información clara sobre su situación legal.

Texto oficial

ARTÍCULO 33. En las agencias investigadoras del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como en los juzgados cívicos, deberá contarse con la presencia de personas defensoras públicas que asistan jurídicamente a quienes lo soliciten. El Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General de Justicia, ambos de la Ciudad de México, deberán proporcionar a la Defensoría Pública, en sus instalaciones, espacios físicos adecuados y otorgarle las facilidades necesarias para el desempeño de sus funciones. Los locales asignados a las personas defensoras públicas para la asistencia de las personas adolescentes en conflicto con la ley penal deberán contar con áreas específicas de orientación jurídica y social, así como con personas trabajadoras sociales, a efecto de que quienes ejerzan la patria potestad o la representación legal sean informadas de su situación jurídica.