LEY General de Desarrollo Social

Artículos explicados en lenguaje simple

Art. 1Esta ley aplica en todo México y es obligatoria para todos. Su objetivo principal es que mujeres y hombres tengan los mismos derechos y oportunidades reales, y que todas las personas puedan acceder a servicios y apoyos para vivir mejor. La ley dice qué debe hacer el gobierno en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) para lograrlo. También crea un sistema donde estos gobiernos trabajan juntos y hasta pueden sumar a empresas o ciudadanos. Por último, establece cómo se va a revisar que los programas funcionen y que la gente pueda quejarse si algo no se cumple.
Art. 2El artículo dice que no está permitido que te traten diferente o te excluyan cuando recibas bienes o servicios de los programas de desarrollo social, como apoyos económicos o despensas. Esto significa que, por tu color de piel, género, religión o cualquier otra característica personal, nadie puede negarte o darte un servicio de mala calidad en esos programas. Si alguien te discrimina, está rompiendo la ley, sin importar el programa del que se trate. En pocas palabras, tienes derecho a recibir lo que te toca sin que te hagan menos.
Art. 3Este artículo lista los principios que debe seguir cualquier programa o política de desarrollo social en México. Básicamente, dice que tú tienes la libertad de elegir cómo superarte y participar en el desarrollo del país. También garantiza que los beneficios del desarrollo se repartan de forma justa entre todos, según lo que cada quien necesita y merece. Además, se basa en la solidaridad, es decir, en que personas, grupos y gobierno trabajen juntos para mejorar la vida de todos. Busca que los diferentes apoyos sociales estén bien coordinados y no se dupliquen, y te da el derecho de participar en cómo se crean, aplican y evalúan esos programas. Todo esto debe hacerse cuidando el medio ambiente para no dejarles problemas a las futuras generaciones, respetando la diversidad de las personas y protegiendo la cultura y autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos. Por último, la información sobre estos temas debe ser pública y las autoridades tienen que asegurarse de que sea clara y oportuna.
Art. 4Este artículo dice que varios niveles de gobierno son los encargados de aplicar esta ley. El gobierno federal, los gobiernos de los estados y los ayuntamientos o municipios deben cumplirla cada quien en lo que les toca. También el Poder Legislativo (diputados y senadores) tiene su parte en lo que le corresponde hacer. Además, la medición de la pobreza y la evaluación de las políticas sociales, junto con las recomendaciones, las hace el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). Esto lo establece la propia Constitución mexicana en el artículo 26.
Art. 5Este artículo define los términos clave que se usan en toda esta ley. - **Beneficiarias**: Son las personas que reciben ayuda de los programas sociales del gobierno, siempre y cuando cumplan con los requisitos que marca la ley. - **Consejo Consultivo**, **Comisión Intersecretarial**, **Comisión Nacional** y **Sistema Nacional**: Son los grupos de trabajo o instituciones del gobierno que se encargan de diseñar, coordinar o supervisar los programas de desarrollo social. - **Grupos sociales en situación de vulnerabilidad**: Son personas o comunidades que, por cosas como la pobreza, la discriminación o algún riesgo, no pueden vivir bien por sí solas y necesitan apoyo del gobierno. - **Instituto**: Se refiere al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la oficina que hace los censos y las encuestas. - **Secretaría**: Es la Secretaría de Bienestar, la dependencia del gobierno federal que maneja los programas de ayuda. - **Organizaciones**: Son grupos de personas o asociaciones ya legalmente registradas que trabajan en temas de desarrollo social. - **Padrón**: Es la lista oficial de todas las personas que reciben apoyo de los programas federales; ahí aparecen sus datos y su nivel económico según las reglas del programa. - **Política de Desarrollo Social**: Son todos los programas, proyectos y acciones que el gobierno usa para reducir la desigualdad, la pobreza y la exclusión, buscando que todos tengan las mismas oportunidades.
Art. 6Este artículo dice que, por ley, todas las personas en México tienen derecho a recibir educación, atención médica, alimentos nutritivos y de buena calidad, una vivienda digna, un medio ambiente limpio, un trabajo, seguridad social (como pensión o servicios de salud), y a que no las discriminen. También establece que debe haber igualdad real entre hombres y mujeres, no solo en el papel. Todos estos derechos están basados en lo que marca la Constitución.
Art. 7Tienes derecho a participar y recibir los beneficios de los programas de desarrollo social, como becas o apoyos económicos, siempre y cuando cumplas con los requisitos que cada programa pide. Estos programas se manejan con reglas claras para que sean justos para todos. Las leyes de cada programa te dirán cómo aplicar y qué necesitas para ser parte.
Art. 8La ley dice que si tú o un grupo al que perteneces están en una situación difícil o con desventaja frente a los demás, tienen derecho a recibir ayuda para mejorar. Esa ayuda puede ser en forma de apoyos económicos, programas sociales o cualquier acción que les permita estar en igualdad de condiciones. Eso incluye a personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas o quienes enfrenten pobreza extrema. El chiste es que el gobierno o las instituciones deben hacer algo para que ya no estén en desventaja.
Art. 9Este artículo dice que todos los niveles de gobierno (municipios, estados, la Ciudad de México y el gobierno federal) deben crear y aplicar programas de apoyo para la gente que más lo necesita. Estos programas pueden ser ayudas económicas directas o proyectos para que las personas generen sus propios ingresos y tengan un trabajo. El beneficio es para personas, familias o comunidades que están en situaciones difíciles, especialmente indígenas y afromexicanas. Además, los gobiernos están obligados a gastar el dinero necesario para esto y a poner metas que se puedan medir para ver si realmente funcionan.
Art. 10El artículo 10 dice que si eres beneficiario de un programa de apoyo social (como becas, despensas o ayudas del gobierno), tienes derechos y también obligaciones. Tienes derecho a que te traten con respeto, sin discriminación ni violencia, y a que te expliquen bien las reglas del programa, cuánto dinero o apoyo se da y a quién cubre. También deben guardar tu información personal en privado, y puedes quejarte si algo no se cumple. Como obligación, debes dar los datos socioeconómicos que te pidan (como ingresos o situación familiar), participar en el programa de manera responsable y cumplir con lo que establecen las reglas.
Art. 11El artículo 11 dice que la Política Nacional de Desarrollo Social debe cumplir con estos seis puntos: Primero, crear las condiciones para que todas las personas disfruten de sus derechos sociales, sin importar si son hombres o mujeres, y acabar con la discriminación y la desigualdad entre ellos. Segundo, buscar un desarrollo económico que genere empleos, mejore los ingresos y garantice que hombres y mujeres reciban el mismo sueldo por el mismo trabajo. Tercero, hacer que todas las regiones del país crezcan de manera equilibrada. Cuarto, permitir que la gente participe en la planeación, ejecución y revisión de los programas sociales. Quinto, asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, que cuide el medio ambiente y los recursos para el futuro. Sexto, incluir la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos en todos los programas sociales.
Art. 12Cuando el gobierno hace planes para el futuro del país, tiene que incluir la Política Nacional de Desarrollo Social, que es la estrategia para mejorar la vida de todos, especialmente de quienes más lo necesitan. Esto lo debe hacer siguiendo lo que dice esta ley y otras reglas relacionadas. En otras palabras, no puede planear el desarrollo sin tomar en cuenta cómo va a ayudar a la gente en temas como salud, educación o vivienda.
Art. 13El artículo dice que cuando se planea cómo mejorar el bienestar de la gente (el desarrollo social), se deben tomar en cuenta todos los niveles de gobierno. Esto incluye los planes de los municipios, los estados, los programas especiales para regiones o instituciones, y los planes nacionales como el Plan Nacional de Desarrollo. En otras palabras, todos estos programas y planes deben estar conectados entre sí para que funcionen bien.
Art. 14La Política Nacional de Desarrollo Social es el plan del gobierno para ayudar a la gente. Debe incluir al menos estos puntos: sacar a la gente de la pobreza con educación, salud, buena comida, empleos, capacitación para trabajar por cuenta propia; dar seguridad social y ayuda a quienes más lo necesitan; impulsar el crecimiento de todas las regiones del país; construir servicios básicos como agua, luz o caminos; y apoyar a cooperativas, ejidos u otras formas de organización comunitaria para que generen ingresos.
Art. 15El gobierno federal (el presidente y su equipo) es el encargado de hacer el Programa Nacional de Desarrollo Social, que es el plan para mejorar la vida de la gente. Para crearlo, debe seguir las reglas y pasos que marca otra ley llamada Ley de Planeación. En pocas palabras, el gobierno no lo hace a su libre albedrío, sino que tiene que cumplir con un proceso ya establecido.
Art. 16Todos los niveles de gobierno (los municipios, los estados y la Federación) tienen la obligación de hacer públicos, cada año, sus programas de desarrollo social. Esto significa que deben informar a la gente en qué van a gastar el dinero en proyectos de ayuda o mejoras para la comunidad. Para que todos se enteren, tienen que usar los medios más fáciles de alcanzar, como redes sociales, radios locales o periódicos. Además, tienen un límite de 90 días, contados desde que aprueban su presupuesto anual, para publicar esta información. Así, tú puedes saber con claridad qué van a hacer con los recursos públicos.
Art. 17Los municipios van a ser los encargados principales de llevar a cabo los programas, recursos y acciones del gobierno federal en temas de desarrollo social, pero siempre siguiendo las reglas que ponga la Presidencia. Esto aplica a menos que, por ley o por acuerdos especiales, esas tareas ya estén asignadas directamente a alguna oficina o institución del gobierno federal, estatal o de la Ciudad de México.
Art. 18El artículo 18 dice que todos los programas, proyectos y recursos que forman parte de la Política de Desarrollo Social son muy importantes para la gente y para el país. Por eso, estas acciones y su dinero no se pueden reducir, es decir, no les pueden bajar el presupuesto que ya tienen asignado. Además, van a ser revisados y medidos para ver si están funcionando bien, siguiendo las reglas de esta ley y de la Ley Federal de Presupuesto. En pocas palabras: el gobierno no puede recortarles el dinero y tiene que checar que se usen correctamente.
Art. 19El Artículo 19 dice que la Política de Desarrollo Social se compone de varias acciones y programas del gobierno. Entre ellos están la educación obligatoria, campañas para prevenir enfermedades y atención médica, apoyos para personas en pobreza o vulnerabilidad, y programas para zonas que más lo necesitan. También incluye asegurar buena alimentación para todos, especialmente para madres y niños, vender productos básicos a precios justos, y ayudar a las familias a tener una vivienda digna. Además, contempla crear empleos, apoyar proyectos productivos, y construir infraestructura como agua potable, drenaje, electricidad y caminos. Por último, todos estos programas deben diseñarse tomando en cuenta la igualdad entre hombres y mujeres, para mejorar la vida de las mujeres y reducir las diferencias que existen.
Art. 20Cada año, el gobierno debe garantizar que el dinero que gasta en programas sociales (como salud, educación o apoyos) no sea menor al del año pasado, ajustándolo por inflación para que mantenga su valor real. Además, este gasto debe aumentar al menos al mismo ritmo que se espera que crezca la economía del país, según lo que digan los Criterios Generales de Política Económica. También tiene que ir de acuerdo con los ingresos que el Congreso le autorice al gobierno. En pocas palabras: no puede recortar el gasto social y, si la economía crece, debe aumentarlo.
Art. 21El gobierno federal va a repartir el dinero de programas sociales (como becas, consultas médicas, despensas, obras de mejoramiento y apoyos para conseguir empleo) con reglas claras y justas, para que no haya favoritismos. Esto significa que deben explicar públicamente cómo deciden a quién le toca cada peso. Todo se hace siguiendo las leyes y normas que ya están establecidas.
Art. 22Cada año, el gobierno de México hace un presupuesto que dice en qué va a gastar el dinero. Para los programas de ayuda social, como becas o apoyos, se tienen que apartar montos bien específicos desde el principio. Ese dinero solo se puede usar para lo que fue pensado, no se puede cambiar a otra cosa. Si no se usa completo en ese programa, no vale la pena moverlo a otro lado.
Art. 23El artículo 23 dice que el dinero que el gobierno destina a programas sociales (como salud, educación o vivienda) debe repartirse siguiendo estas reglas: Primero, el gasto por cada persona no puede ser menor, en valor real, que lo que se gastó el año anterior. Esto significa que, aunque suban los precios, el gobierno no puede recortar lo que ya se destinaba por persona. Segundo, el dinero debe dirigirse a que todas las regiones del país (estados y municipios) tengan un desarrollo más parejo, sin que unas zonas queden muy atrás. Tercero, la repartición debe basarse en indicadores que midan qué tan bien se prestan los servicios, tomando en cuenta tanto la cantidad como la calidad. Cuarto, cuando el dinero se transfiere a estados o municipios, ellos deben ponerse de acuerdo con el gobierno federal, mediante convenios, para decidir en qué se gasta y bajo qué reglas.
Art. 24El dinero que el gobierno federal destina a los programas de ayuda social (como becas o apoyos) puede recibir una inyección extra de parte de los gobiernos de los estados y de los municipios. También se vale que organismos de otros países, organizaciones ciudadanas o empresas privadas pongan su propio dinero para sumarse a esos programas. Esto significa que no solo el gobierno federal paga, sino que pueden cooperar otros niveles de gobierno y hasta particulares para que el programa tenga más fondos.
Art. 25El gobierno federal (el presidente y su gabinete) puede crear y manejar un fondo especial llamado Fondo de Contingencia Social para reaccionar ante crisis económicas o gastos inesperados. En el Presupuesto de Egresos (el plan de gastos del gobierno para el año) se decide cuánto dinero tendrá ese fondo y las reglas básicas para repartirlo y usarlo. También se incluyen medidas para asegurar que el dinero del fondo se gaste en el año fiscal correspondiente. En pocas palabras, es como un ahorro oficial para emergencias, pero el Congreso pone las reglas de cómo usarlo.
Art. 26El gobierno federal tiene la obligación de explicar cómo va a funcionar cada programa de ayuda social, publicando las reglas en el Diario Oficial de la Federación. También debe dar a conocer los métodos, fechas y montos que les tocarán a cada estado. Por su lado, los gobiernos estatales deben publicar en sus periódicos oficiales cómo se repartirá ese dinero entre los municipios. Esto es para que todos sepamos de forma clara y transparente cómo y cuándo se usarán los recursos públicos.
Art. 27El artículo 27 dice que el Gobierno Federal, junto con los gobiernos de los estados y municipios, va a crear un Padrón, que es una lista de personas que reciben apoyos de programas sociales. Esto se hace para que los programas sean justos y funcionen bien. Cada nivel de gobierno (federal, estatal y municipal) se encargará de la parte que le toca según sus responsabilidades. En pocas palabras, buscan asegurarse de que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.
Art. 28El artículo 28 dice que, cuando el gobierno anuncie o informe sobre sus programas de apoyo social, debe ponerle el Escudo Nacional (el águila de la bandera) como lo marca la ley, y también agregar este mensaje: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social". Esto significa que los programas no son de ningún partido, y no se pueden usar para hacer política ni para otra cosa que no sea ayudar a la gente.
Art. 29Las zonas de atención prioritaria son lugares, ya sea en el campo o en la ciudad, donde vive gente con mucha pobreza y marginación. Esto significa que en esas zonas no se cumplen bien derechos básicos como salud, educación o vivienda. Para decidir cuáles son esas zonas, el Instituto usará reglas técnicas. El objetivo es que quienes aplican las políticas sociales trabajen mejor y ayuden más a la gente.
Art. 30Cada año, el Gobierno Federal (el Presidente y su gabinete) revisa qué zonas del país son las más pobres o necesitadas, usando los estudios que hace el instituto encargado de medir la pobreza. Después, le avisa a la Cámara de Diputados qué zonas cambiaron, indicando exactamente en qué localidades (en el campo) o en qué manzanas (en las ciudades) hay que enfocar la ayuda. Cuando los diputados aprueban el presupuesto del gobierno, también deciden oficialmente cuáles serán esas zonas prioritarias y lo publican en el Diario Oficial de la Federación, junto con el presupuesto. Esto sirve para que el dinero se gaste en donde más se necesita.
Art. 31Cuando se declara una zona o situación especial, el gobierno tiene que hacer varias cosas para mejorar la vida de la gente. Primero, va a poner dinero donde haga falta, por ejemplo en salud, educación o vivienda. Segundo, va a dar descuentos en impuestos para que las empresas creen más trabajos. Tercero, va a echar a andar programas que ayuden a los negocios locales a crecer y a tener más opciones de financiamiento. Y cuarto, va a construir cosas como hospitales, escuelas o carreteras para que puedas ejercer tus derechos sociales.
Art. 32Los gobiernos de tu municipio, tu estado y el gobierno federal se pueden poner de acuerdo para trabajar juntos en zonas especiales. Para eso, cada uno va a poner dinero y recursos para crear programas que ayuden a la gente de esas zonas. Esto significa que pueden juntar esfuerzos y presupuesto para apoyar proyectos que beneficien a la comunidad, especialmente a cooperativas, ejidos y grupos de trabajadores. Todo esto lo hacen para fomentar lo que se llama "Sector Social de la Economía", que son formas de organización donde las ganancias se comparten entre todos los miembros.
Art. 33Los municipios, los estados y el gobierno federal tienen la obligación de apoyar proyectos que generen trabajo y dinero para la gente. Esto aplica tanto para personas solas, familias, como para grupos o cooperativas que quieran producir algo. La idea es que te ayuden a crear tu propio negocio o empleo para que puedas ganar un ingreso. No importa si eres un grupo organizado o trabajas por tu cuenta, el gobierno debe fomentar esas actividades.
Art. 34El artículo 34 dice que el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipios tienen que apoyar a las personas, familias, grupos sociales, comunidades indígenas y afromexicanas para que puedan organizarse y crear proyectos productivos, como negocios o emprendimientos. Para eso, deben destinar recursos públicos, es decir, dinero del presupuesto, a promover estos proyectos, buscar oportunidades de inversión, y dar capacitación, asistencia técnica y asesoría para organizarse y diseñar los proyectos. También tienen que ofrecer apoyo legal para que todo esto se pueda hacer de manera correcta.
Art. 35El gobierno de todo el país y los gobiernos de cada estado (como en tu ciudad o estado) pueden poner dinero como *capital de riesgo*, que es una inversión con la que se corre el riesgo de perderlo, pero que busca ayudar a que negocios comunitarios o empresas sociales sean viables y funcionen. También pueden dar apoyo económico a personas, familias o grupos que tengan como meta financiar proyectos para mejorar la vida de la gente, como sacar a otros de la pobreza.
Art. 36El Instituto tiene la obligación de establecer reglas técnicas claras para definir, identificar y medir la pobreza, y todas las dependencias y entidades que manejen programas de desarrollo social deben seguirlas al pie de la letra. Además, el Instituto debe generar información sobre varios indicadores, como el ingreso por persona, el rezago educativo en el hogar, el acceso a servicios de salud, a la seguridad social y a una vivienda digna con espacios adecuados y servicios básicos. También debe medir el acceso a una alimentación nutritiva, el nivel de unión y apoyo entre la gente de una comunidad (cohesión social), y si las personas pueden llegar a una carretera pavimentada.
Art. 37El Instituto tiene que medir la pobreza en cada estado de la República al menos cada dos años, y cada cinco años debe dar datos desglosados por municipio. Para esto, puede usar la información que considere útil, como censos y encuestas oficiales. La Cámara de Diputados, según las leyes, debe aprobar el dinero necesario en el presupuesto federal para que se puedan hacer estas mediciones.
Art. 37 BisEl Instituto se encarga de actualizar las reglas y métodos oficiales para saber qué es la pobreza, cómo se identifica y cómo se mide. La idea es que toda esa información sea parecida y se pueda comparar entre diferentes lugares y épocas. Cada vez que hagan estos cambios, deben asegurarse de que la medición mejore y de que los datos anteriores sigan siendo útiles para ver cómo ha cambiado la situación con el tiempo.
Art. 38Este artículo crea un sistema donde todos los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y también grupos de la sociedad y empresas trabajan juntos de manera permanente para cumplir los planes de desarrollo social del país. Su objetivo es que los programas y recursos de cada quien estén alineados con las prioridades nacionales, evitando que trabajen por separado o en sentido contrario. También busca que las personas, familias y organizaciones participen activamente en los proyectos de desarrollo. Además, promueve que los recursos y decisiones se muevan del centro a los estados y municipios para atender mejor las necesidades locales, y que todo se haga con transparencia y rendición de cuentas.
Art. 39La Secretaría es la encargada de organizar todo el Sistema Nacional de Desarrollo Social, pero no lo hace sola: trabaja junto con otras dependencias del gobierno federal, los estados, los municipios y también con organizaciones de la sociedad. Además, esa misma Secretaría debe diseñar las reglas generales para ayudar al desarrollo social del país, y para lograrlo, firma convenios y acuerdos con quienes participan. También se asegura de que los planes de desarrollo social a nivel nacional, estatal y sectorial vayan en el mismo sentido, para que sean coherentes, claros y tomen en cuenta lo que opina la gente.
Art. 40Este artículo dice que los gobiernos de cada estado y de cada municipio pueden crear sus propias reglas sobre desarrollo social, siempre y cuando no se salgan de lo que marca esta ley. Esas reglas deben ajustarse a las necesidades y características específicas de su región. Por ejemplo, si en tu estado hay más gente que necesita apoyo para encontrar trabajo, pueden hacer leyes locales para atender ese problema.
Art. 41Cada gobierno de los estados (como el de cada entidad federativa) debe crear su propio plan para el desarrollo social de su gente. También tienen que hacer, aprobar y poner en práctica los programas sociales que correspondan, siguiendo las reglas de la Ley de Planeación y de esta misma ley. Además, trabajando junto con el gobierno federal, deben asegurarse de que el dinero público que se autoriza se use con honradez, a tiempo, de manera clara y sin favoritismos.
Art. 42Los municipios (como tu ciudad o pueblo) van a crear y usar sus propios planes para mejorar la vida de la gente, como en salud, educación o vivienda. Pero esos planes no pueden ir por su cuenta, sino que deben estar alineados con los del estado donde vives y con los del gobierno de todo el país. Es como cuando en tu colonia organizan algo, pero siguiendo las reglas de la delegación y del gobierno más grande. Así todo queda coordinado y nadie trabaja en desorden.
Art. 43El artículo 43 dice qué tareas le tocan al Gobierno Federal, pero las hace a través de una dependencia llamada "la Secretaría" (que es la Secretaría de Bienestar). Entre sus labores está planear el desarrollo social a nivel nacional y regional, tomando en cuenta a los gobiernos estatales y municipales. También debe crear el Programa Nacional de Desarrollo Social y decidir cada año qué zonas del país necesitan atención urgente, proponiéndoselas a la Cámara de Diputados para que las declare oficiales. Además, tiene que diseñar y coordinar los apoyos federales para esas zonas, promover convenios con otros niveles de gobierno y organizaciones, y fomentar que la sociedad participe en estos planes.
Art. 44Este artículo dice que los gobiernos de cada estado de la República tienen estas obligaciones: - Crear su propio plan de ayuda social y ponerlo en marcha. - Hacer acuerdos con el gobierno federal y con sus propios municipios para trabajar juntos en programas sociales. - Organizar a la gente y motivarla a participar en estos programas. - Usar el dinero federal que reciben para temas sociales, siempre siguiendo las leyes, y reportar cómo lo gastaron y qué resultados obtuvieron. - También deben informar a la ciudadanía sobre lo que están haciendo en desarrollo social y cumplir con cualquier otra tarea que la ley les asigne.
Art. 45Este artículo dice que los ayuntamientos (los gobiernos de cada municipio) tienen varias obligaciones para ayudar al desarrollo social, que es mejorar la calidad de vida de la gente. Por ejemplo, deben crear y llevar a cabo un plan municipal de desarrollo social, y coordinarse con el gobierno de su estado para hacerlo. También pueden trabajar junto con otros municipios, ya sea del mismo estado o de otros, siempre que tengan permiso de los congresos locales. Además, deben usar correctamente el dinero que el gobierno federal les da para programas sociales, y reportar los resultados a la Secretaría de Desarrollo Social por medio del gobierno estatal. Por último, tienen que colaborar con empresas y organizaciones de la sociedad civil, informar a la gente sobre lo que hacen, y crear formas para que la comunidad participe en estos programas.
Art. 46Si hay duda sobre cómo se debe aplicar esta ley en asuntos del gobierno, la última palabra la tiene el Ejecutivo Federal, es decir, el Presidente, a través de la Secretaría encargada. Esto significa que, si no queda claro un punto, no lo resuelve un juez, sino una autoridad administrativa. La idea es que el gobierno decida cómo interpretar la ley en estos casos.
Art. 47La Comisión Nacional sirve para que todas las dependencias del gobierno federal, y también los gobiernos de los estados y municipios, trabajen juntos en los programas de desarrollo social. Su función es coordinar que las acciones e inversiones sigan la misma dirección, según lo que marca la Política Nacional de Desarrollo Social. También puede trabajar con empresas y organizaciones de la sociedad civil. En pocas palabras, es como un centro de control para que todos hagan equipo y no trabajen por separado.
Art. 48La Comisión Nacional es la que se encarga de juntar los esfuerzos de todos los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para que los programas de ayuda social funcionen de manera coordinada, no cada uno por su lado. Su objetivo principal es que los recursos y las estrategias se unan en lugar de que cada institución haga lo mismo por separado. Para lograrlo, busca que los diferentes gobiernos trabajen en equipo, se pongan de acuerdo y planeen juntos cómo mejorar el bienestar de la gente. En pocas palabras, esta Comisión existe para que no haya duplicidad ni desorden en cómo se aplica el apoyo social.
Art. 49La Comisión Nacional la encabeza el secretario o secretaria de Bienestar (la persona que está al frente de esa dependencia). También la integran los titulares de varias secretarías del gobierno federal, como Educación, Salud, Trabajo, Agricultura, Mujeres y Medio Ambiente. Además, puede invitar a otras autoridades federales cuando se necesite para temas específicos. Por cada estado del país, se suma la persona encargada del desarrollo social de ese gobierno, y también pueden invitar a otros funcionarios estatales según el tema. Finalmente, forman parte un representante de las asociaciones nacionales de presidentes municipales y los presidentes de las comisiones de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y del Senado.
Art. 50La Comisión Nacional puede escuchar y aceptar sugerencias de empresas, organizaciones sociales o ciudadanos si el tema les afecta o les interesa. Entre sus labores está proponer planes y programas para el desarrollo del país, siempre pensando en la igualdad entre hombres y mujeres y en respetar los derechos de todos. También opina sobre cómo se gasta el dinero del gobierno en proyectos sociales, sugiere formas de financiamiento y promueve que los estados y municipios trabajen bien estos temas. Además, puede proponer cambios a las leyes si ve que algo no funciona, y organizar grupos de trabajo para resolver problemas específicos.
Art. 51La Comisión Intersecretarial es un grupo de trabajo creado para que todas las dependencias del gobierno federal se coordinen al diseñar y aplicar la Política Nacional de Desarrollo Social. La integran los jefes de varias secretarías, como las de Bienestar (que la preside), Gobernación, Hacienda, Educación, Salud, entre otras, además del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Pueden invitar a otras dependencias a participar, pero solo para opinar, sin derecho a voto. La secretaría que se encarga de organizar las juntas será elegida por el titular de la Secretaría de Bienestar, y el grupo debe reunirse al menos cada dos meses.
Art. 52El artículo 52 dice qué tareas tiene un grupo de varias secretarías del gobierno federal, llamado Comisión Intersecretarial. Una de sus funciones es sugerir cómo alinear las decisiones sobre desarrollo social y económico, y proponer cuánto dinero gastar en programas sociales para el presupuesto federal. También debe vigilar que se cumplan los planes de desarrollo del gobierno, como el Plan Nacional de Desarrollo, y asegurarse de que las políticas sociales del país, estados y municipios estén coordinadas. Además, revisa los acuerdos entre el gobierno federal y los estados para mejorar cómo se aplican los programas de desarrollo social.
Art. 53La Comisión Intersecretarial toma decisiones que todas las dependencias del Gobierno Federal, como las secretarías, deben seguir sí o sí. Por ejemplo, si la Comisión acuerda algo, ninguna oficina del gobierno puede hacerse la desentendida. La Secretaría de Hacienda y la de la Función Pública se encargan de checar que se cumplan esos acuerdos al pie de la letra. En pocas palabras, es como si la Comisión diera órdenes que todos los departamentos del gobierno tienen que acatar, y dos secretarías supervisan que así sea.
Art. 54La Comisión Intersecretarial es un grupo de personas que toman decisiones importantes sobre asuntos de desarrollo social. Cuando llegan a un acuerdo, ese acuerdo debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación, que es el periódico oficial del gobierno donde se publican las leyes y reglas. Esto quiere decir que cualquier persona puede enterarse de lo que acordaron, porque se hace público. Así no hay acuerdos secretos y todo queda transparente para todos.
Art. 55El Consejo es un grupo de personas que aconseja a la Secretaría (la dependencia del gobierno encargada del desarrollo social). En este grupo participan ciudadanos comunes y distintos sectores de la sociedad, no solo funcionarios. Su trabajo es revisar y sugerir programas y acciones que ayuden a cumplir la Política Nacional de Desarrollo Social, es decir, las reglas y planes del gobierno para mejorar la vida de la gente. En pocas palabras, es un equipo que da ideas para que las políticas públicas beneficien a todos.
Art. 56El Consejo tiene varias tareas importantes para mejorar la vida social del país. Por ejemplo, puede dar su opinión y sugerir cómo aplicar la Política Nacional de Desarrollo Social, que son las reglas para ayudar a la gente con menos recursos. También busca que tú y otras personas participen en vigilar cómo se usan esos programas. Además, apoya a la Secretaría para que los gobiernos de los estados y municipios sigan estas reglas. Otra de sus funciones es proponer estudios, pedir información a las dependencias encargadas y recomendar auditorías si algo no parece estar bien.
Art. 57El Consejo tiene un presidente que es el jefe de la Secretaría. También hay un secretario ejecutivo, que es elegido por el presidente, y otros consejeros invitados por la Secretaría. Cuando el presidente no puede asistir, el secretario ejecutivo lo reemplaza.
Art. 58Los consejeros o consejeras de los que habla esta ley deben ser mexicanos de nacimiento (no pueden ser extranjeros ni naturalizados). Además, tienen que ser personas conocidas y respetadas porque han hecho un buen trabajo en empresas, organizaciones sociales, universidades, en su profesión, en la ciencia o en la cultura, siempre relacionado con ayudar al desarrollo social. En otras palabras, no puede ser cualquier persona; tiene que ser alguien con buena fama y experiencia comprobada en temas de mejorar la vida de la gente.
Art. 59La Secretaría tiene la obligación de apoyar al Consejo con todo lo que necesite para que pueda hacer bien su trabajo. Esto significa que le dará información, documentos o cualquier recurso útil. Es como cuando le pides ayuda a un compañero para terminar una tarea y él te echa la mano sin excusas. Así, el Consejo no se queda solo y puede cumplir con lo que le corresponde.
Art. 60El Consejo puede pedir ayuda a oficinas del gobierno federal, estatal o municipal, también a grupos de la sociedad civil o a cualquier persona que quiera colaborar.
Art. 61El gobierno federal (de todo el país), el de tu estado y el de tu municipio tienen la obligación de que tú, como beneficiario de algún programa social, y la sociedad en general, puedan opinar, ayudar a hacer, revisar y vigilar cómo se aplican los programas y apoyos sociales. Esto significa que no solo te toca recibir beneficios, sino que también tienes derecho a meterte en cómo se planean y se evalúan esos programas. La idea es que tú puedas participar de forma activa y responsable, junto con las autoridades, para que las cosas se hagan bien y de manera transparente.
Art. 62Las asociaciones o grupos que busquen mejorar la calidad de vida de los mexicanos pueden involucrarse en cómo se crean, aplican y revisan los planes del gobierno para el bienestar social. Esto significa que pueden opinar y ayudar desde que se piensa una idea hasta que se ve si funcionó. Solo aplica para organizaciones que realmente trabajen por el desarrollo social, como asociaciones civiles o comunitarias. No importa si son grandes o chicas, siempre que su meta sea ayudar a la gente. Así, el gobierno ya no actúa solo, sino que escucha a quienes están más cerca de los problemas.
Art. 63El Gobierno Federal tiene que mandar invitaciones abiertas a todos, por medio de anuncios públicos, para que las organizaciones puedan participar. En esos anuncios debe explicar bien qué necesitan, para qué es y de qué manera puedes participar. Así cualquiera que cumpla con lo que piden puede meterse al proceso.
Art. 64El artículo 64 dice que las organizaciones sociales sí pueden recibir dinero del gobierno para llevar a cabo sus propios proyectos, pero con una condición importante. No pueden recibir ese dinero si en su equipo directivo hay algún funcionario público, su esposa o esposo, o familiares hasta los primos, tíos o sobrinos (por sangre, matrimonio o adopción). Esto aplica tanto si el familiar es del funcionario como si lo es de su pareja. La regla sirve para evitar que se use dinero público en beneficio de amigos o familiares de los servidores públicos.
Art. 65Para que una organización pueda participar en lo que dice el artículo anterior, tiene que estar registrada legalmente ante una autoridad que tenga la facultad para hacerlo (como un notario público o una dependencia de gobierno). También debe cumplir con todo lo que indique el reglamento correspondiente a esa ley. En pocas palabras, no basta con decir que existe, tiene que estar dada de alta de manera oficial y cumplir las reglas que le apliquen.
Art. 66La Secretaría puede revisar en cualquier momento lo que hacen las organizaciones, como empresas o asociaciones, para ver si cumplen la ley. Eso significa que pueden pedirles cuentas sobre cómo manejan el dinero, especialmente si usan recursos del gobierno. Pero también hay otras leyes que ya dicen cómo se deben cuidar los fondos públicos, y esas reglas siguen aplicándose. En pocas palabras, las organizaciones no pueden hacer lo que quieran; siempre hay alguien vigilando.
Art. 67Si alguien o una organización ve que se están violando los derechos que protege esta ley, o que algo está dañando esos derechos (aunque el daño apenas pueda pasar), puede ir a la autoridad correspondiente a poner una queja o denuncia. No importa si es una persona común o un grupo grande; cualquier persona tiene derecho a reportarlo. La queja puede ser por algo que ya pasó, por algo que está pasando ahora o por una situación que podría causar un problema después. Con esto, buscan que las autoridades revisen y tomen cartas en el asunto.
Art. 68Cualquier persona puede hacer una denuncia popular, solo necesitas presentarla por escrito con estos datos: tu nombre o el de tu empresa, tu domicilio y cómo identificarte (o los de tu representante legal si actúas a través de alguien más). También debes describir claramente qué pasó o qué no se hizo (los actos u omisiones), dar información para identificar a la autoridad que crees que cometió la falta, y si tienes pruebas, ofrecerlas en la misma denuncia. La denuncia puede ser anónima, sin necesidad de dar tu nombre, y se maneja según las leyes sobre responsabilidades de servidores públicos.
Art. 69La Contraloría Social es un derecho que tienes como beneficiario de un programa de desarrollo social, para organizarte con otras personas y vigilar que el programa cumpla lo que prometió. También sirve para checar que el dinero público que le asignaron al programa se use correctamente y no se desperdicie o robe. En pocas palabras, es un mecanismo donde tú y los tuyos pueden supervisar que las cosas se hagan como deben.
Art. 70El gobierno federal va a apoyar a la Contraloría Social (que son grupos de ciudadanos que vigilan cómo se gasta el dinero público) y les va a dar toda la información que necesiten para hacer su trabajo. Esto significa que si tú formas parte de un grupo de vigilancia, el gobierno te tiene que dar los datos que pidas para revisar que todo esté en orden. No pueden esconderte información ni ponerte trabas. Así, cualquier persona puede revisar que los recursos se usen bien.
Art. 71La Contraloría Social tiene cinco tareas principales: puede pedir información a cualquier autoridad (federal, estatal o municipal) sobre los programas de ayuda social; vigila que el dinero público se use correctamente y según las reglas; da informes sobre cómo va el programa y en qué se gastó el dinero; atiende quejas o denuncias de la gente y las investiga; y si encuentra algo grave, presenta las denuncias ante las autoridades para que se castigue a los responsables, ya sea con multas, cárcel o reparando el daño.
Art. 72El artículo 72 dice que el Instituto es el encargado de evaluar cómo va la Política de Desarrollo Social. Puede hacer la evaluación por su cuenta o contratar a expertos que no tengan que ver con el programa que están revisando. El objetivo es checar cada cierto tiempo si los programas, proyectos y acciones están cumpliendo con su propósito de ayudar a la gente, y también revisar si los recursos que se usan son los adecuados. En pocas palabras, se aseguran de que el dinero y los esfuerzos realmente beneficien a quienes más lo necesitan.
Art. 72 BisEl Instituto tiene que definir las reglas y pasos técnicos para revisar a fondo cómo funciona la Política de Desarrollo Social. Esto significa que deben crear un método claro y completo para medir si los programas de ayuda social están cumpliendo su objetivo. En pocas palabras, no pueden evaluar al aventón, sino con criterios bien establecidos. Es como si pidieras a un buen mecánico que te dé una lista exacta de cómo revisar tu coche, en lugar de que lo haga a su modo.
Art. 73Los organismos que pueden evaluar son universidades, centros de investigación o asociaciones sin fines de lucro, como fundaciones. No pueden participar empresas o personas que busquen ganar dinero. Es decir, solo entidades que no reparten utilidades y se dedican a la educación o la ciencia. Esto sirve para que las evaluaciones sean más objetivas.
Art. 74Todas las dependencias del gobierno federal, estatal y municipal que estén ejecutando programas o proyectos de desarrollo social (como becas, apoyos o despensas) tienen la obligación de darle al instituto encargado de evaluar toda la información y las facilidades que necesite. Esto incluye cualquier detalle sobre los recursos que se estén usando en esos programas. Básicamente, ningún programa social puede negarse a ser evaluado ni puede esconder información sobre cómo gasta el dinero. La ley lo dice clarito: si te piden papeles o datos para la revisión, los tienes que entregar sin pretextos.
Art. 75El Artículo 75 fue eliminado de la ley el 16 de julio de 2025, por lo que ya no está vigente ni causa ningún efecto legal. Cuando un artículo está "derogado" significa que ya no se aplica, como si lo hubieran borrado del código. No tienes que preocuparte por cumplir con lo que decía, porque ya no existe en la práctica.
Art. 76Este artículo ya no está vigente. Fue eliminado oficialmente de la ley el 16 de julio de 2025. Eso significa que ya no debes tomarlo en cuenta para nada.
Art. 77El artículo 77 fue eliminado de la ley oficialmente el 16 de julio de 2025. Esto significa que ya no está vigente y no hay que tomarlo en cuenta para ningún trámite o situación legal. Cuando un artículo se deroga, es como si lo borraran del código y dejara de existir para efectos prácticos. Así que, para cualquier asunto, este artículo no aplica.
Art. 78Cada año se va a hacer una evaluación, que empieza el 1 de mayo y termina el 30 de abril del año siguiente. También puede hacerse una evaluación que cubra varios años, pero solo si alguien decide que así debe ser.
Art. 79Los resultados de las evaluaciones se van a dar a conocer en el Diario Oficial de la Federación, que es como el periódico oficial del gobierno donde se publican cosas importantes. También tienen que entregarle esos resultados a las Comisiones de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y del Senado, que son los grupos de políticos que revisan temas de ayuda social. Además, deben dárselos a la Secretaría, que es la dependencia encargada del asunto. En pocas palabras, la información tiene que hacerse pública y llegar a manos de quienes la necesitan para tomar decisiones.
Art. 80Según este artículo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) puede hacer sugerencias y recomendaciones al gobierno federal basándose en las evaluaciones que realiza. Además, estas sugerencias y recomendaciones pueden ser hechas públicas para que todos las conozcan. El Instituto también está obligado a publicar en su página de internet la evaluación completa de la Política de Desarrollo Social, así como un informe general de los resultados, siguiendo las reglas de transparencia. En pocas palabras, el INEGI evalúa cómo funcionan los programas sociales y comparte sus conclusiones tanto con el gobierno como con la ciudadanía.
Art. 81El Instituto que mide la pobreza y evalúa las políticas de ayuda social debe trabajar de manera independiente, objetiva y clara. Entre sus funciones, está coordinar cómo se mide la pobreza y cómo se evalúan los programas de apoyo, además de ponerse de acuerdo con los gobiernos federal, estatal y municipal para que todo funcione bien. También tiene que crear reglas técnicas basadas en datos reales, hacer estudios sobre la pobreza y consultar con expertos y ciudadanos antes de decidir cómo evaluar. Puede firmar acuerdos con autoridades y organizaciones para llevar a cabo estas evaluaciones, y debe asegurarse de que los resultados se puedan comparar entre sí. Por último, puede hacer todo lo demás que le ordene esta ley u otras reglas aplicables.
Art. 82El Instituto va a buscar formas de compartir información y experiencias con los gobiernos federal, estatal y municipal. Esto sirve para que todos aprendan de los resultados de los programas y proyectos de ayuda social. Las autoridades de todos los niveles están obligadas a darle al Instituto toda la información que les pida. Esa información es necesaria para revisar cómo van los programas y medir la pobreza. En resumen, el Instituto pide datos y los gobiernos deben entregarlos para mejorar las políticas de desarrollo social.
Art. 83El presidente o presidenta del Instituto es quien se encarga de organizar el informe anual sobre la pobreza y los resultados de los programas de desarrollo social. Ese informe también lo tiene que presentar directamente ante el Congreso de la Unión. Además, la ley le da otras funciones relacionadas con este tema. En pocas palabras, esta persona es la responsable de que el informe esté listo y se entregue a los diputados y senadores.
Art. 84La Junta de Gobierno del Instituto es como el grupo que toma las decisiones importantes en temas de pobreza y evaluación de programas sociales. Su trabajo principal es dar recomendaciones y encargarse de cosas como: 1. Aprobar las reglas y métodos para medir la pobreza y evaluar los programas, basándose en lo que proponga la Presidencia del Instituto. 2. Decidir cómo se debe procesar, interpretar y compartir la información sobre pobreza y evaluación, para que sea clara y rápida. 3. Aprobar el contenido del informe anual que explica los resultados de medir la pobreza y evaluar la política social. 4. Aprobar, con la propuesta de la Presidencia, el plan anual para medir la pobreza y evaluar los programas, incluyendo estudios o diagnósticos que haga el Instituto o expertos externos. 5. Atender cualquier otro asunto que le toque según esta ley o normas similares.
Art. 85El Artículo 85 fue eliminado de la ley, ya no existe. Lo que sigue son las reglas temporales para poner en marcha la Ley General de Desarrollo Social. La ley empieza a aplicar un día después de que se publicó en el Diario Oficial, y el Presidente tiene 90 días para emitir el reglamento. Además, en 180 días deben crearse y ponerse a trabajar cuatro organismos importantes: el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión Nacional, la Comisión Intersecretarial y el Consejo Consultivo. El Consejo Nacional de Evaluación debe operar gastando lo menos posible y siendo eficiente. Por último, la Cámara de Diputados debe revisar cómo se distribuye el dinero para programas sociales y proponer cambios si es necesario.

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